«En cuanto podamos les diremos la fecha», ha planteado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, una vez constatada la imposibilidad de aprobar el nuevo decreto de exhumación en el Consejo de Ministros, como apuntó el viernes pasado. Celaá ha admitido que es necesario «concluir el expediente administrativo», para lo que, entre otras cuestiones, hace falta que el Supremo responda a la familia Franco, que ha pedido una aclaración de sentencia, para lo cual se reunirá el martes 8 de octubre.
Ese es uno de los movimientos que se han producido esta semana tras la notificación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo favorable a la exhumación del dictador y a su reinhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.
También la Abogacía del Estado ha dado pasos para pedir al Supremo que levante las medidas cautelares que mantiene por el resto de recursos presentados contra la exhumación una vez que ya se ha pronunciado sobre el fondo del asunto y para trasladar la sentencia al juez José Yusti para que archive la causa que tiene abierta por la licencia de obra.
