La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha informado de este acuerdo del Consejo de Ministros y ha recordado que sobre García Juliá, que había huido a Brasil tras obtener la libertad condicional, pesaba una orden de búsqueda y captura. Celaá ha recordado lo que ocurrió la noche del 24 de enero de 1977 cuando García Juliá, junto con otros hombres militantes de Falange y Fuerza Nueva «disconformes» con el cambio institucional que se estaba llevando a cabo en España, irrumpieron armados en el despacho de los abogados laboralistas y los encañonaron.
Tras destruir los archivos, les dispararon «de forma fría» y asesinaron a cinco abogados, en tanto que otros cuatro resultaron heridos. «Hay que recordar la historia para no volverla a vivir. Representa la cuota de dolor que pagó esta sociedad para hacer la transición a la democracia», ha concluido la portavoz del Ejecutivo.
García Juliá fue condenado a 193 años como autor de nueve delitos de asesinato (cinco consumados y tres frustrados) y tenencia de armas en relación a la matanza de Atocha perpetrada en 1977. Cumplía el máximo de 30 años de reclusión mayor cuando el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León le concedió la libertad condicional el 23 de septiembre de 1991. En diciembre de ese año obtuvo autorización para viajar a Asunción (Paraguay) y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente ante la embajada de España en ese país.
Al incumplir lo dispuesto y al tener conocimiento de que había sido detenido en Bolivia en mayo de 1996 por delitos de tráfico de drogas, el juzgado de vigilancia penitenciaria que permitió su excarcelación le revocó la libertad condicional, decisión que llegó a ser firme el 6 de noviembre de 2000. Días después, el 29 de noviembre, se decretó su ingreso en prisión para el cumplimiento del resto de la pena que tenía pendiente, y que se calculó en 3.855 días.
