En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo no ha querido aventurar si será posible la exhumación de los restos de Franco antes de las elecciones. «Ni yo ni nadie podría decir cuáles van a ser los siguientes avatares», ha afirmado Calvo, quien ha añadido que en estos momentos el Gobierno está respondiendo a esta «cadena de obstáculos» que son «son todos de parte de la familia del dictador a la democracia española».
Se ha referido a los diferentes procedimientos interpuestos por la familia para evitar la exhumación y que, a pesar de ello, «el procedimiento continúa» y la decisión del Gobierno es lograr que el cuerpo del dictador abandone el Valle de los Caídos. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid tramitan actualmente hasta diecisiete procedimientos en los que se demanda la suspensión cautelar de la licencia administrativa para la exhumación.
La vicepresidenta ha indicado que a «los actos del Gobierno solo puede entrar el Tribunal Supremo» y que todos esos procedimientos afectan a «elementos muy secundarios», que no alteran «para nada» las previsiones del Ejecutivo. Sí ha reconocido que esos y «los siguientes avatares» impiden saber cuándo se podrá culminar la exhumación, que se hará «cuando se pueda hacer». Respecto a cómo se realizará, ya que el prior del Valle de los Caídos se opone, Calvo ha insistido en que la Iglesia «se ha comprometido de manera verbal, pública y por escrito» a no obstaculizar la exhumación y que «las condiciones en el interior» para lograrlo «no es cuestión del Gobierno», es «asunto de la propia Iglesia católica».
Ha reiterado que el Gobierno lo que está haciendo es «aplicar una ley», con todas las garantías, y ha mostrado su preocupación por la «cadena de obstáculos» de la familia Franco en la aplicación de la ley. «Cuando llegue el momento, que va a llegar -ha agregado-, quien corresponda» dentro de la Iglesia deberá dar «la autorización correspondiente para poder hacer la exhumación, que es el cumplimiento de una ley».
