En una respuesta parlamentaria por escrito al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, fechada el pasado 17 de septiembre, el Gobierno recuerda que la competencia para la expedición de titulaciones universitarias oficiales corresponde al rector la universidad. A juicio del Gobierno, deben ser los Servicios de Inspección de la propia universidad los que deben comprobar que «no se cometen irregularidades» en la expedición de los títulos.
«Por tanto, la investigación del posible otorgamiento de ‘fake-másters’ por parte de la Universidad Rey Juan Carlos compete a dicha universidad, a través de su Servicio de Inspección, y a la Comunidad de Madrid», subraya el Ejecutivo. El Estado, añade la respuesta parlamentaria del Gobierno, tiene reservada la Alta Inspección que, como norma general, «actúa en la tutela de la legislación básica del Estado».
No obstante, el Ejecutivo garantiza que «promueve siempre la integridad y calidad del sistema universitario español». La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, archivó la causa en relación a los delitos de prevaricación y cohecho impropio, pero ha decidido continuar investigando a Cristina Cifuentes y a otros cuatro imputados por el delito de falsedad documental. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid tomó esta decisión tres días después de que el Supremo decidiese no investigar al líder del PP, Pablo Casado.
