El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará antes de finales de marzo los resultados del sistema de cuentas públicas territorializadas de 2011, último ejercicio liquidado, que incluirán las denominadas balanzas fiscales. Tras encargar Hacienda a un grupo de expertos la elaboración del método de cálculo de las balanzas fiscales, el Instituto de Estudios Fiscales ha publicado en su página web el informe, que consta de 636 folios, con la propuesta metodológica y los datos que se utilizarán para el cálculo del sistema de cuentas públicas territorializadas.
En el informe publicado por el Instituto de Estudios Fiscales se destaca que se ha creado un sistema de cuentas públicas territorializadas con el objetivo de "una mejor información fiscal territorializada" y en aras de "mejorar la transparencia". Las balanzas fiscales son instrumentos de información económica y presupuestaria, que imputan territorialmente los ingresos que el sector público obtiene en un territorio y los gastos que efectúa en el mismo, calculando de este modo el saldo fiscal resultante. De esta manera, y según el citado informe no se pretende "eliminar el dato de las balanzas fiscales sino superarlo, con un instrumento más potente, que ofrezca toda la información para comprenderlo y evitar interpretaciones sesgadas".
Hasta ahora, añaden los expertos, el análisis se había centrado en el saldo, sin llegar a conocer los ciudadanos la información sobre su origen, sin embargo el sistema de cuentas públicas territorializadas es "más potente" porque da más información. De esta forma, se hace hincapié en que no se eliminan las balanzas fiscales calculadas hasta ahora, que se podrán seguir calculando a partir de la información del sistema de cuentas públicas territorializadas. Los expertos hacen referencia también al "independentismo catalán" al considerar los expertos citados que "las balanzas fiscales juegan un papel central en el argumentario independentista catalán".
Al respecto, destacan que un reciente informe de la Generalitat de Cataluña "cifra en 16.543 millones de euros (el 8,5 % del PIB de la región) el déficit fiscal de Cataluña en 2010". Una cifra que, añaden, tiene una doble interpretación para los nacionalistas, al ser por un lado el dinero que debería el Estado a su territorio, o lo que ganarían si lograran la independencia. Inciden en la necesaria solidaridad fiscal y argumentan que en los 16.543 millones que maneja el Gobierno catalán no están incluidos muchos de los servicios comunes (acción exterior, defensa y buena parte de la Administración General del Estado) que la Administración Central presta a todos los territorios.
De esta manera, consideran que "el saldo fiscal obtenido por el método preferido por la Generalitat no es una buena estimación de la ganancia económica neta que se derivaría de la secesión de Cataluña". "Una Cataluña independiente tendría que producir tales servicios por sí misma y seguramente tendría que hacerlo a un coste significativamente mayor que el actual debido a la pérdida de importantes economías de escala", han señalado. El estudio revela además que "el cálculo independentista supone que el PIB catalán no se vería afectado por la secesión, lo que es altamente improbable", de manera que "la previsible caída del comercio con el resto de España, que absorbe la mitad de las exportaciones catalanas, tendría un efecto muy significativo sobre la renta y el empleo". "Si a esto se añade la salida de la Unión Europea y del mercado único y la pérdida del apoyo del Banco Central Europeo, los efectos adversos sobre la economía catalana podrían ser catastróficos", según el informe.
