El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) mantiene su amparo al letrado del empresario Juan Miguel Villar Mir tras acreditar que el juez instructor de los casos Lezo y Púnica, Manuel García Castellón, intervino durante 11 horas conversaciones telefónicas entre el abogado y su cliente.
El pasado 6 de junio, el abogado solicitó ampara del ICAM al entender que las escuchas estaban ”coartando la independencia y libertad necesarias para cumplir con las mínimas garantías exigibles con el derecho de defensa de los intereses que tiene conferidos». Precisamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha inadmitido un incidente de nulidad presentado por la defensa de Villar Mir contra el auto en el que se avalaban las intervenciones telefónicas.
Por su parte, desde el ICAM se postulan a favor del letrado y advierten de las “graves distorsiones” que supone los ‘pinchazos’ telefónicos para la labor de confidencialidad garantizada al mismo. En este sentido, el Colegio informa que las comunicaciones «han sido analizadas policialmente y presentadas, previa subjetiva valoración, como sospechosas en los informes emitidos al efecto y con la finalidad de influir en el órgano judicial, en los que se incluyen valoraciones sobre el estado de ánimo del letrado o del cliente e, incluso, interpretaciones sobre el contenido de tales conversaciones».
Llegados a este punto, el órgano colegiado estima que se intenta “criminalizar” la actuación del abogado del expresidente de OHLA, y señalan a continuación que «a la vista de las circunstancias concurrentes, podría apuntar a un intento de coartar la defensa activa llevada a cabo por el citado colegiado en la causa, cuando no de legitimar o convalidar lo injustificable». Ante estos hechos, el ICAM también ha propuesto a debatir sobre la aprobación de una Ley Orgánica reguladora del Derecho de Defensa.
