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22/12/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Indignación con la Fiscalía por pedir el archivo de la venta de viviendas del IVIMA
Las familias afectadas por la venta de 32 promociones de vivienda pública por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo de inversión han mostrado hoy su "indignación y rabia" tras conocer que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al juzgado de Instrucción número 48 de Madrid el archivo de su causa. 

Esta noticia ha supuesto "un auténtico jarro de agua fría" para las familias, agrupadas en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima y con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), que llevan más de cinco años luchando para que se haga justicia y sean restituidos sus derechos como moradores de vivienda pública y protegida, señala en un comunicado la Federación. 

Ambas entidades no entienden a qué se debe este cambio de criterio repentino de la Fiscalía de Madrid, que ahora considera que "no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos" cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo "trufado de irregularidades". 

Las dos organizaciones subrayan que "las irregularidades fueron tantas y de tal gravedad" que el desarrollo de este proceso penal provocó, en febrero de 2016, la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado, y ha dejado en evidencia a otros políticos y altos cargos de la Administración regional, como la ex directora del Ivima, Ana Gomendio.

En estos momentos, los abogados de asociación estudian el contenido del escrito de la Fiscalía y las posibilidades de recurrirlo.
En la nota, recuerdan que fue durante el Gobierno del expresidente regional Ignacio González cuando se vendieron al fondo de inversión Goldman Sachs, "por un precio muy inferior al del mercado y sin contar con sus moradores", 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos.

Desde esa operación, que tuvo lugar en agosto de 2013, las 2.935 familias afectadas han vivido "un auténtico calvario", indican.
Muchas se han visto obligadas a abandonar sus pisos al no poder asumir las condiciones derivadas de la operación (como la pérdida de las ayudas al alquiler como consecuencia del cambio de titularidad de la vivienda) o ante el abandono de los edificios por parte de Encasa Cibeles, la filial de Goldman Sachs que hoy los gestiona.

Otras familias "resisten" en sus viviendas, "haciendo frente a las presiones de todo tipo de esta empresa, que busca desprenderse de los moradores de rentas más bajas para poder sacar más rédito de los inmuebles", aseguran. Ahora, estas familias esperan que el juez que instruye el caso no cierre "en falso" esta causa, como solicita el Ministerio Público, y continúe adelante con un procedimiento penal en el que habían depositado muchas esperanzas. 

La Fiscalía Provincial de Madrid recomienda a los afectados que recurran a la vía contencioso-administrativa, una jurisdicción en la que los damnificados ya tienen abiertos al menos cinco procesos relativos a la venta de las 32 promociones del Ivima. No obstante, los afectados son conscientes de que esta vía legal "es más larga y lenta aún que la penal y que la justicia lenta deja de ser justicia o es justicia de muy baja calidad".

Comentarios: 1
Tiffany Perio dijo el 22/12/2018 a las 09:55h.
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