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Inquilinos afectados por la venta de viviendas sociales emprenden acciones legales contra la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha vendido ya más de 3000 viviendas a entidades privadas como Lazora y Goldman Sachs, y ahora tiene previsto hacer lo mismo con otros 1.500 inmuebles, que se encuentran en los municipios de Madrid, Navalcarnero, Alcalá de Henares, Móstoles y Leganés, entre otros. “Esto supone desprenderse de un patrimonio de todos los ciudadanos de la región destinado a garantizar el derecho a una vivienda de colectivos con menos recursos, algo de enorme gravedad en los momentos que vivimos”, denuncia en un comunicado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.

El pasado mes de agosto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) anunciaron que si la Comunidad continuaba su plan de venta de parte de su parque de vivienda pública emprenderían acciones legales. Esta semana, a instancias de estos colectivos y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), decenas de ciudadanos afectados por la venta de sus viviendas, en las que residen en régimen de alquiler, han presentado un recurso contencioso administrativo con el objetivo de paralizar un proceso de privatización de la vivienda pública que atenta contra derechos fundamentales de los y las inquilinas. El recurso incluye la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso de enajenación de las viviendas públicas hasta que se resuelva el caso en los juzgados.

Hoy frente a la sede del IVIMA, portavoces de la PAH, la PAVPS y la FRAVM aportarán información sobre estas acciones legales, que vendrán acompañadas con movilizaciones en la calle. La primera de estas tendrá lugar el próximo 9 de noviembre con una manifestación que partirá a las 18h de la sede de la EMVS. La manifestación concluirá en la plaza de Cibeles y transcurrirá bajo el lema ‘Derecho a vivienda para tod@s. Fuera fondos buitre. Contra la estafa financiera’.

“Un bien de primera necesidad como es el de la vivienda, que debería cubrir las necesidades de los colectivos más vulnerables, no debe estar bajo ningún concepto en manos de especuladores. ¡Stop a la venta de viviendas públicas y sociales!”, concluyen desde la PAH.

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