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Intensificación del control en chatarrerías para luchar contra el robo de cobre

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Comunidad de Madrid y Guardia Civil han desarrollado esta semana un operativo conjunto de inspección en chatarrerías de la región en un esfuerzo coordinado por poner freno al robo de cobre. Se trata de una actividad delictiva que ocasiona graves pérdidas económicas a las empresas propietarias de las líneas y serios perjuicios a la ciudadanía por la interrupción, a veces prolongada, del suministro de servicios esenciales. 

Efectivos del Seprona y agentes ambientales de la Consejería de Medio Ambiente visitaron por sorpresa 12 instalaciones para comprobar la existencia y procedencia de cobre. Es la tercera actuación conjunta de ambos cuerpos en 2013. En las anteriores, se realizaron 33 inspecciones y otros tantos expedientes. De ellos, uno ha sido ya resuelto con multa de 20.000 euros y otros dos están en fase de instrucción de procedimiento sancionador.

De gran importancia para el control de los residuos, y sobre todo del cobre, es la obligación de estos establecimientos de tener un archivo cronológico en el que se contemplen los datos fundamentales de los lotes de entrada y salida de los residuos: fecha, cantidad, procedencia y destino, entre otros, así como los documentos que acreditan que los residuos que salen de la instalación se entregan al gestor autorizado indicado en el archivo cronológico.

Junto al apoyo a la prevención de hechos delictivos, las inspecciones persiguen asegurar la correcta gestión de los residuos. El compromiso del Gobierno regional en este sentido ha hecho que las inspecciones de gestores de residuos no peligrosos, en los que se incluyen las chatarrerías, se hayan doblado en 2013, pasando de las 67 del año anterior a las 150 con las que se cerrará 2013. En total, las inspecciones de control de residuos, sean del tipo que sean, se elevan igualmente de 239 a 292.

La colaboración entre Administraciones y la política preventiva se ha convertido en el mejor aliado para la conservación del medio ambiente. Las inspecciones ambientales sobre los sectores industriales y las actividades potencialmente más contaminantes y la aplicación de la legislación medioambiental han provocado un efecto disuasorio que se ha traducido desde 2007 en un descenso del 40,2% en el número de denuncias.

El Área de Disciplina Ambiental de la Consejería recibió el año pasado 3.308 denuncias y actas de inspección. De ellas, 1.454 llegaron procedentes de sus propios agentes ambientales y el resto de Guardia Civil y policías locales.

 

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