(EFE). «Es reiterativo, en numerosos casos, la repetición de contratos con idéntico objeto, tramitado por la misma consejería e incluso, en ocasiones, con importe repetido», explica el informe presentado ante la Fiscalía esta mañana. «Nos encontramos que en dos años aproximadamente, la misma empresa ha llegado a recibir más de 71 millones de euros y 17.000 contratos con el mismo objeto», ha argumentado Sol Sánchez ante los medios, un hecho que, según su criterio, «hace pensar que más que irregularidades hay ilegalidades».
Carlos Sánchez Mato, tras presentar la denuncia ha querido resaltar que «la contratación menor es una contratación absolutamente legal», por lo que IU Madrid no quiere «impugnar la figura contractual, sino la forma en que la ha utilizado en este caso la Comunidad de Madrid». Sánchez Mato ha puesto de ejemplo la Consejería de Sanidad por ser la que «más contratos menores, en número y en importe, ha acumulado», pero ha señalado que la actuación «se circunscribe al conjunto de la actuación administrativa y contractual de la Comunidad».
Por tanto, «entendemos que los máximos responsables son los consejeros y la presidenta que había hasta diciembre de 2017 -Cristina Cifuentes-, fecha hasta la que hemos podido obtener datos». Además, instan a la Fiscalía anticorrupción a investigar «si ha habido contrapartidas que puedan explicar que haya empresas que en 2 años y medio han sido adjudicatarias de 19.000 contratos y más de 70 millones de euros», ya que Sánchez Mato ha insistido en que «hay más responsable aparte de los políticos».
De manera adicional a la denuncia por «partición» de contratos, IU Madrid ha recalcado la «enorme opacidad por parte de la Comunidad de Madrid» a la hora de hacer públicas las cuentas. La Comunidad de Madrid, como el resto de administraciones públicas, tiene la obligación de hacer públicos todos los contratos; sin embargo, tanto Valiente como Sánchez Mato han querido resaltar la «complicadísima tarea por parte del equipo económico de IU Madrid», así como de «Podemos en la Asamblea» para recabar la información.
«No entendemos que la ciudadanía necesite hacer verdaderos ejercicios de malabarismo para obtener una información que legalmente la comunidad tenía que haber facilitado», ha comentado Sánchez Mato. La denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción llega diez días después de que IU Madrid hiciera público un supuesto listado de contratos menores firmados entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, un total de 1.273.406 partidas por un valor global de 1,9 millones de euros.
Un listado que se elaboró tras «un proceso de elaboración y tratamiento que lleva muchas horas y requiere algunos conocimientos específicos de la materia», ya que el formato no es accesible ni manejable, explicó la formación el pasado 5 de junio.
