(EFE). Una sensación unánime entre las cuatro asociaciones de jueces, que ven con temor cómo se abre la puerta a otros agentes sociales para que tomen decisiones de especial transcendencia que deberían ser labor exclusiva de los magistrados. No entienden por qué se han modificado con tanta urgencia, en forma de Real Decreto y en pleno verano, varias leyes orgánicas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos sin el necesario consenso del Parlamento.
Hasta ahora, solo una resolución judicial o un informe de la Fiscalía podía acreditar una situación de violencia de género y, por tanto, la condición de víctima; con el polémico Real Decreto ley también se puede determinar con un informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia machista.
Es decir, según explica a Efe Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), «se deja en manos de las administraciones la decisión de qué es y qué no es una víctima de violencia de género cuando debe ser el juez en un procedimiento judicial quien lo determine».
Esta asociación cree que el Real Decreto ley no ha sido «meditado» ni «debatido» en profundidad y por ello pide al Gobierno que lo retire y confía en que la oposición no lo ratifique en el Congreso. Aunque en general las asociaciones apoyan la necesidad de que se amplíe el significado de víctima de violencia de género y comprenden la intención de fortalecer las medidas contra esta lacra, no entienden ni la prisa ni la forma de hacerlo.
A Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, es algo que no le «encaja del todo». «Colocar en el mismo plano un informe y una sentencia no es de recibo», señala Rodríguez, que cree que hay muchos derechos fundamentales en juego, incluido el de la presunción de inocencia, como para dejar un asunto así únicamente en manos de la Administración.
Con similar preocupación acogen desde la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) la modificación del Código Civil, por la que los menores expuestos a violencia de género no necesitan el permiso del padre para recibir atención psicológica.
Una medida que afecta de manera directa a la patria potestad y que, según Concepción Rodríguez, portavoz de FJI, debería ser «competencia exclusiva» de los tribunales. Rodríguez lamenta la falta de confianza en el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y cree que aprobar estas medidas tan sensibles «a oscuras» vía Real Decreto lleva a una «pérdida de competencias de los jueces y de garantía jurisdiccional».
En este punto, Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria coinciden en cuestionar que solo haga falta la denuncia para que el denunciado no pueda decidir sobre sus hijos ni el juez pronunciarse sobre el asunto. Con todo, las asociaciones sostienen que no concurren los requisitos de «urgencia y credibilidad» necesarios para la tramitación de un Real Decreto ley; lo «lógico», dicen, hubiese sido someter a debate las medidas en el Parlamento para aprobarlas, en su caso, con la «mayor celeridad» que las fuerzas políticas estimasen.
