(EFE). En el auto del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, con fecha 8 de enero, el juez admite a trámite una querella formulada por la empresa Ambulancias Alerta, contra el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina, y otras tres personas. El juez pide a la Consejería de Sanidad que le remita los expedientes de las convocatorias de contratos de prestación de transporte sanitario en ambulancias «que tengan como destino u origen los servicios de urgencias hospitalarias» y la de «transporte sanitario programado».
Este caso ha dado lugar a una pregunta que el Partido Socialista formula esta mañana al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Vigilancia de la Contratación de la Asamblea de Madrid. El PSOE pregunta al Gobierno de la presidenta, Cristina Cifuentes, qué valoración hace de la admisión a trámite de una querella criminal sobre los procesos de adjudicación de los expedientes SUMMA PA/GS/01/15 y PA/SE/02/16.
El diputado socialista José Ángel Chamorro, autor de la pregunta, ha expresado a Efe su «preocupación» por una querella admitida por la Justicia sobre un pliego adjudicado ya hace un año y que se ha puesto en funcionamiento haced diez días». Chamorro ha explicado cómo pidió en el Pleno la retirada de ese pliego por considerar que «causaba problemas» en el funcionamiento de las ambulancias y por insuficiencia presupuestaria para dicho contrato.
Las ambulancias, ha indicado Chamorro, tardan un «tiempo excesivo, por encima de los tiempos lógicos ya tasados en el pliego», y ha añadido que «las operadoras del 061 advierten a los usuarios que si tiene medios propios los utilicen porque no garantizan la presencia de la ambulancia en una hora u hora y media».
El 18 de enero pasado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, respondió a Podemos en el Parlamento regional que el servicio de ambulancias fue adjudicado a la empresa Ferroser, y no a Ambulancias Alerta, por la inviabilidad técnica y económica de esta última para cumplir con el servicio contratado.
Podemos acusaba a Sanidad de supuestas «prácticas mafiosas» en la contratación pública y expresaba su convencimiento de que el contrato con Alerta no funcionó porque en la contratación Sanidad dio prioridad «en un 90 % a las condiciones económicas sobre las técnicas» en procura de «que el servicio sea muy barato frente a uno de buena calidad para los madrileños».
