Según han informado fuentes jurídicas, el juez Manuel García Castellón, que ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, le ha dado un plazo de 15 días para abonar la fianza; de lo contrario ingresará en prisión. Una vez depositada, y como medidas cautelares, se le retirará el pasaporte con la prohibición de salir de España y deberá comparecer cada mes en el juzgado más próximo a su domicilio. En su comparecencia ante el juez y los fiscales del caso, Corrochano se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que otros dos de los citados hoy en el marco de esta investigación: Inés Díaz Ochagavia, que sustituyó a Corrochano como directora de Seguridad Corporativa, y Nazario Campo Campuzano, jefe del equipo de Seguridad.
El que sí ha declarado este viernes en esta pieza del llamado caso Tándem ha sido el socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, que estuvo unos 10 meses en prisión, de donde salió tras depositar 100.000 euros de fianza y sobre el que también pesan medidas cautelares. De los cinco cargos pasados y actuales del banco citados por el juez, dos de ellos no comparecieron por estar en el extranjero, el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano y Ricardo Gómez Barredo, miembro del Consejo de Administración de Garanti (sociedad participada por el BBVA), por lo que el juez les ha vuelto a llamar para el próximo jueves. Solo uno de ellos, Antonio J. Béjar González, presidente de Distrito Castellana Norte (sociedad en la que el banco tiene participación), accedió a prestar una breve declaración a preguntas de su abogado.
Béjar, que en la época en que se produjeron los hechos, los cuales se remontan a 2004 y hasta la detención de Villarejo en noviembre de 2017, fue jefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, trasladó al juez la explicación que ya dio en 2018 la entidad bancaria sobre la contratación por el banco de la empresa de Villarejo, Cenyt. En octubre de 2018, el BBVA explicó que Cenyt había sido proveedor del área de seguridad del banco para servicios de asesoría en materia de seguridad e investigación patrimonial de deudores, por lo que esta contratación tenía como objetivo principal localizar morosos.
En esta pieza, que permanece bajo secreto, el juez investiga la relación del BBVA con Cenyt, la empresa de Villarejo, que se cree comenzó en 2004, cuando Sacyr pretendía tomar el control de la entidad. Según la investigación el banco contrató los servicios de Cenyt por 5 millones de euros. Corrochano fue llamado a declarar al aparecer su nombre en contratos con Cenyt, al constar en intervenciones telefónicas una conversación suya en la que asegura que el «presi» le llamaba cada diez o quince días, en alusión a Francisco González, conocido como FG, lo que supondría que estaba al corriente de esta operación.
Exministros, periodistas, empresarios y banqueros, entre otros, fueron objeto de este espionaje para el que Villarejo se habría servido de la ayuda, entre otros, de Corrochano. Los investigadores calculan que llegaron a ser intervenidas más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas. Estas pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor, tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad.
