La decisión se toma ante el “evidente” riesgo de fuga y la posible ocultación, alteración o destrucción de pruebas. De esta manera, el magistrado rechaza la petición de excarcelación de González que realizó la defensa de éste alegando motivos de salud.
Sin embargo, según García-Castellón va conociendo nuevos datos a raíz de la investigación del caso Lezo, el “papel decisivo y necesario» del expresidente autonómico en la trama de corrupción son cada vez más evidentes. Por ello, se desecha la posibilidad de que el supuesto cabecilla de la desviación de fondos en el proceso de compra de la compañía brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II sea puesto en libertad. «Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa»
Sobre Ignacio González pesan los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales. Las nuevas pruebas recabadas desde que comenzó la investigación «patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito».
