El juez de la Púnica retrasa la declaración de Cifuentes a petición de su abogado

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La exlíder de la formación conservadora en la región se sienta en el banquillo en calidad de imputada en la pieza en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP autonómico. Cifuentes, prevista para el 1 de octubre, iba a ser la primera expresidenta en ser interrogada, ya que sus antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre, fueron llamados a declarar, también como investigados, los días 17 y 18 de octubre, respectivamente. 

En el caso de Cifuentes, la imputación obedece al contrato de Servicio de Cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco. La expresidenta participó en el comité de expertos que, según explica el auto de imputación del juez, “valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor” de la empresa de Arturo Fernández. 

Se detectaron nexos entre el  “favorecimiento” a la mencionada entidad y dos aportaciones económicas a Fundescam, realízándose las mismas en fechas próximas a las elecciones autonómicas de 2007. La cuantía de éstas ascenderían a un total de 160.000 euros, una por valor de 60.000 euros a través de Cantoblanco y el montante que resta por medio de la CEIM, siendo vicepresidente entonces el mismo Fernández.  “Puede establecerse por tanto un posible nexo causal entre la materialización de las aportaciones económicas detectadas y la consecución de repetidas adjudicaciones en donde se revelarían prácticas arbitrarias en favor de la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L.”, concluye.

Cifuentes era Patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones por el investigado Arturo Fernández, y formó parte del comité regional de campaña del PP de Madrid en aquellas autonómicas. La UCO situó a Cifuentes en el momento en el que se produjeron las adjudicaciones de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea. Debido a que formaba parte del comité de expertos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid habría tenido conocimiento de los “actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles en cuanto al resultado presumible de su realización”.

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