En un comunicado de la asociación de facultativos especialistas de Madrid (AFEM) se asegura que en dicha decisión, como se desprende del auto del tribunal, ha sido considerada la irreversibilidad del proceso al sistema público previo en caso de que se confirmen los perjuicios expuestos.
Además, se entiende que el proceso privatizador va a producir modificaciones y cambios estructurales, como la destrucción de los equipos de trabajo, por el fenómeno de dispersión del capital humano, que afectan a más del 18% de la población madrileña e incluyen transacciones económicas cuantiosísimas, cercanos a los 5.000 millones de Euros.
Asimismo deja claro que no existen datos económicos que avalen los supuestos beneficios económicos derivados de ese plan y el hecho de que la incompetencia para la gestión de los responsables de la Consejería en ningún caso debería justificar un plan privatizador como éste.
Por todo ello, considera necesario suspender cautelarmente el proceso, sin imponer fianza alguna (pese a la solicitud de una garantía de 65 millones de Euros a AFEM por parte de la Consejería de Sanidad), dado que concurren presupuestos legales suficientes para proceder a la suspensión.
