La Comunidad de Madrid indica a la juez que envió a la delegación dos resoluciones con medidas por riesgo para la salud del coronavirus
La Comunidad de Madrid ha avisado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que se informó a Delegación del Gobierno sobre el «riesgo inminente» del coronavirus en la región en dos resoluciones sobre medidas adoptadas el 6 de marzo, previas a la marcha del 8M en la capital.
En concreto, se ha remitido a la magistrada sendos escritos de la Dirección General de Salud Pública. Éstos versan sobre las primeras medidas adoptadas contra la incidencia del coronavirus en la región; así lo han informado a Europa Press fuentes regionales y ha adelantado Vozpopuli.
Una de las medidas emitidas por la Comunidad de Madrid que advertía del riesgo del coronavirus se refiere a la suspensión de actividad en residencias. Dicha medida se puso en conocimiento de la Delegación de Gobierno para que velara por su cumplimiento. En este sentido, la decisión evidenciaba «razones objetivas» para la suspensión de la actividad de los citados centros; actuación catalogada como «preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19».
Igualmente, la medida se tomaba debido a que la actividad de los centros de mayores suponía «un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública», apuntaba la orden de este departamento.
La otra medida se refiere a la suspensión de las prácticas de estudiantes en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. También se remitió a Delegación de Gobierno para que supervisara su correcta aplicación. La iniciativa se fundamentaba en que mantener esta actividad docente entrañaba «riesgo para la salud pública».
Investigación sobre Franco
La juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre el 4 y el 14 de marzo de 2020, como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, ha requerido al secretario general de la Delegación que aporte, antes del 30 de abril, la primera «comunicación, indicación, alerta o noticia» sobre el coronavirus que recibió el organismo antes de la declaración del estado de alarma.
Carmen Rodríguez-Medel dictó este martes una providencia para requerir esta documentación. El auto se emite después de que el secretario general de la Delegación del Gobierno contestase a una primera solicitud de información que «no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020, en el marco de la crisis generada por la pandemia».
Por ello, la magistrada vuelve a realizar esta petición. Ahora precisando que se le remita antes de que acabe el mes la primera «comunicación, indicación, alerta o noticia» que se registrara por escrito y «procedente de cualquier administración» con anterioridad a la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo.
Retirada de la imputación por lesiones imprudentes
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retirar el delito de lesiones imprudentes por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La decisión de abrir diligencias ante el también secretario general de los socialistas madrileños se tomó después de admitirse a trámite la denuncia presentada por un particular quien en su escrito acusaba a Franco de un supuesto delito de prevaricación al permitir la marcha del 8M.
La magistrada afirmó que los hechos denunciados podrían tener encaje penal. Es más, Rodríguez-Medel interpretó que podrían sumarse otras calificaciones jurídicas a medida que avanzase la instrucción del caso contra José Manuel Franco. No obstante, cuestionaba, “sin tampoco descartarlo”, que fuesen constitutivos de un delito de prevaricación administrativa o de lesiones por imprudencia profesional.
Ahora, la juez ha decidido retirar el delito de lesiones imprudentes de la investigación. La decisión se toma después de que el médico forense emitiese un informe descartando la “relación de causalidad” entre acudir a una concentración multitudinaria -como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo- y los contagios por coronavirus. Rodríguez-Medel deseaba dirimir si las manifestaciones “fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas”. El documento médico niega la mayor y no encuentra vinculación entre acudir a la marcha y el hecho de contagiarse.
