Julián Martín Rebate, fallecido el 4 de octubre de 2018, fue el primer trabajador de la compañía al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una enfermedad profesional por exposición al amianto en su puesto de trabajo y el primero que presentó una demanda para reclamar una indemnización de casi 400.000 euros al suburbano madrileño. En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el abogado del trabajador, Fernando Morillo, ha solicitado que se estime la demanda, por considerar que el reconocimiento de la enfermedad profesional es una prueba «más que suficiente» para acreditar la relación de causalidad entre el daño que ha sufrido el trabajador y la exposición al amianto.
En la sesión, ha comparecido Juan Navarro, responsable del servicio de prevención de Metro de Madrid, quien ha reconocido que, en las tareas de mantenimiento de los trenes clásicos, el fallecido pudo haber tenido interacción con materiales con amianto como los «apagachispas» durante 700 horas entre los años 2003 y 2017.
También han testificado tres trabajadores de Metro de Madrid, oficiales de mantenimiento de ciclo corto y compañeros del fallecido, quienes han señalado que, antes del año 2017, manipularon a diario y sin protección piezas de los trenes que contenían amianto, como los «apagachispas», que lijaron, soplaron y limpiaron, una actividad en la que se desprendía polvo de asbesto. Los tres han apuntado que, a partir de septiembre de 2017, se empezaron a etiquetar las piezas con amianto, que ahora manipulan los empleados de una empresa certificada y homologada, que llevan monos, guantes y mascarillas especiales.
Asimismo, el perito Juan Antonio Merino, especialista en medicina legal y forense, ha aseverado que el fallecido tuvo un cáncer de pulmón por una prolongada exposición al amianto sin equipo de protección y fue fumador, aunque había dejado el tabaco siete años antes de la aparición de la enfermedad.
La letrada de la compañía ha argumentado que la revisión del expediente médico es fundamental en la tramitación de esta demanda para determinar las causas de la enfermedad del trabajador que podían ser diferentes a la exposición al amianto, como por ejemplo que era fumador o que tenía un familiar directo que murió de un cáncer de pulmón. «La mera presencia de amianto no supone ningún riesgo», ha recalcado la abogada, quien ha admitido que en el año 2002 se prohibió el uso de este material, aunque no se fijó una obligación de retirada de este mineral, del que «estamos rodeados» en edificios e infraestructuras.
Además, ha explicado que el acta de infracción de la Inspección de Trabajo en la que se basa la demanda está suspendida y no es firme, al existir una investigación penal abierta por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el abogado del trabajador ha recordado que el dictamen de la comisión de investigación de la Asamblea sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid recoge que la compañía conocía la presencia de amianto en sus trenes e instalaciones desde hace más de veinte años.
Para el letrado, la compañía no puede eludir su responsabilidad diciendo que desconocían la existencia de amianto en sus trenes, puesto que «estaban obligados a conocerlo y proteger a sus trabajadores por encima de la normativa aplicable». Ha afirmado que Metro de Madrid ha mantenido a sus trabajadores «absolutamente desprotegidos» y solamente ha comenzado a adoptar medidas de seguridad cuando ha habido cuatro casos de empleados con una enfermedad profesional por exposición a fibras procedentes del amianto.
Más de doscientos trabajadores de Metro se han concentrado en la plaza de los Cubos, a las puertas del Juzgado, donde se ha celebrado la vista, para exigir medidas de prevención y protección de todos los trabajadores de Metro de Madrid. En coincidencia con el juicio, los sindicatos han convocado paros de cuatro horas por turno en toda la red de Metro y han cifrado el seguimiento en casi el 100 por ciento, pese a unos servicios mínimos «del 60 por ciento de media», mientras que la compañía asegura que ha trabajado «un 54 por ciento más del personal establecido en servicios mínimos».
