La Fiscalía solicita para la exportavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, una multa de 4.700 euros por calumnias a la Policía en La Sexta
La Fiscalía de Madrid solicita una multa de 4.700 euros para la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruiz-Huerta por un delito de calumnias con publicidad al atribuir a la Policía durante su participación como abogada en un programa de ‘La Sexta’ «la práctica habitual de actuaciones lesivas a los derechos de los detenidos». En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide a la exdiputada regional multa a la razón de doce euros diarios durante treces meses. El juicio se celebrará este lunes en el Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid.
Los hechos se refieren a la participación de la acusada en el programa de televisión «Salvados, cuestión de justicia» que emitió La Sexta en 2014. La exportavoz de Podemos intervino como abogada especialista en derecho penal y miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA). Así, Ruiz-Huerta trasladó sus experiencias como letrada de turno de oficio. Realizó distintas intervenciones atribuyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «la práctica habitual de actuaciones lesivas a los derechos de los detenidos».
Por su parte, la asociación ALA asegura en un comunicado que las afirmaciones de Ruiz-Huerta están basadas en su «experiencia profesional». Asimismo, el colectivo sostiene que las declaraciones se corresponden con los informes de los organismos internacionales en los que participa España. Los mismos, defienden, se crean para prevenir prácticas de tortura y malos tratos, tanto del Consejo de Europa, como de Naciones Unidas».
Confían en que sea exculpada
«Las expresiones de nuestra compañera coinciden con las preocupaciones recogidas por las comisiones de los Comités contra la Tortura; tanto de la ONU como del Consejo de Europa», remarca este colectivo. A continuación afirma que España ha sido condenada en «reiteradas ocasiones» por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por «no investigar la tortura».
En consecuencia, cree que este proceso «versa sobre la libertad de expresión y el derecho de participación en asuntos públicos mediante la descripción y la crítica de situaciones injustas que deben modificarse». «Esperamos que la exculpación de cualquier responsabilidad para la señora Ruiz-Huerta ponga de manifiesto que nuestro país goza de buena salud democrática y que el derecho a la crítica pueda contribuir a corregir los excesos del poder», zanja.
