De acuerdo con estos datos, los contratos de los trabajadores temporales fiscalizados durante este periodo presentaban irregularidades en este elevado porcentaje y en perjuicio de los derechos de los trabajadores temporales. Durante este periodo de tiempo la inspección de trabajo examinó los contratos de un total de 4.209 trabajadores y trabajadoras. Pues bien, de este número total 1.943 vio transformado su contrato a indefinido ante la detección de anomalías y tan sólo con el requerimiento de la inspección.
Irregularidades como son el encadenamiento de contratos, los realizados sin causa o las conversiones de indefinidos a temporales, entre otros.
LAS IRREGULARIDADES EN AUMENTO
Si se comparan estos datos de fraude e irregularidad en la contratación temporal con lo ocurrido en los tres primeros meses de 2017 UGT señala que el porcentaje de trabajadores afectados ha aumentado en más de 18 puntos en el presente año (el 46% en 2018 frente al 27,68% del 2017).
Este dato significa que el fraude y la irregularidad es una práctica ampliamente extendida en la Comunidad Autónoma y a pesar de la evidente mejoría de la situación económica de las empresas, hay un claro empeoramiento en los porcentajes de irregularidad y fraude en la contratación temporal.
UGT RECLAMA QUE SE INCREMENTEN LAS SANCIONES
El aumento de las irregularidades y fraude en la contratación se debe a los cambios legislativos emprendidos desde 2010, que han otorgado más poder a los empresarios, han debilitado el papel de los sindicatos y allanado el camino del fraude.
UGT denuncia que hay empresarios que realizan estas prácticas de manera consciente, con clara intención de explotar al trabajador, defraudar al estado y realizar una competencia desleal con el resto de las empresas del sector. Por eso, el sindicato reclama medidas eficaces para perseguir el fraude en la contratación, con sanciones administrativas y económicas suficientemente elevadas para lograr disuadir del uso de estas prácticas fraudulentas en el mercado laboral.
“La permisividad legislativa, la falta de recursos de la inspección de trabajo y la levedad de las sanciones hace que sea ventajoso defraudar a este tipo de empresarios. Sólo cuando es investigado por la Inspección de Trabajo es cuando se ven obligados a cambiar y ajustar los contratos irregulares a lo establecido por el ordenamiento en materia laboral, pero sin graves consecuencias”.
UGT denuncia que se trata de una práctica de explotación laboral, que afecta gravemente al trabajador o trabajadora que se ve coaccionado a aceptar unas condiciones laborales irregulares bajo la amenaza de no ser contratado o ser despedido. La Administración Pública también debe considerarse implicada por este empeoramiento del fraude en la contratación por los evidentes perjuicios económicos.
Por todo ello, UGT reclama la necesidad de articular un nuevo sistema de sanciones económicas suficientemente elevadas que desaliente y disuada la contratación irregular y fraudulenta. “En la Comunidad de Madrid se tiene que incrementar la plantilla de inspectores de trabajo, claramente insuficiente en la actualidad, hasta duplicar, al menos, su número”.
“Desde UGT Madrid queremos valorar y apoyar a los inspectores de trabajo, su importante trabajo en esta labor de lucha contra el fraude y la irregularidad en las contrataciones, a pesar de la evidente falta de recursos y en este sentido valoramos también el programa que se anuncia desde el Gobierno contra la explotación laboral”.
