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28/06/2019 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Organizaciones cristianas advierten de que un pacto con Vox amenazaría los DDHH

Varias organizaciones cristianas y colectivos humanitarios han publicado un manifiesto en el que advierten que un pacto con Vox en la Comunidad de Madrid supondría un menoscabo de los Derechos Humanos en materia de inmigración.

Así, una veintena de asociaciones, entre las que se encuentran la Conferencia de Religiosos de España, el Colectivo de Profesores Cristianos por la Escuela Pública o la Fundación la Merced Migraciones, alertan en un documento conjunto de que el deber ético de la hospitalidad se encuentra amenazado por los postulados con los que la agrupación de Santiago Abascal condiciona su apoyo a la candidata del PP a la Presidencia de la región, Isabel Díaz Ayuso. 

Dichas prerrogativas se recogen en el capítulo 3 de la propuesta de Vox, comenzando el primer punto con el ‘Cumplimiento de la legalidad’ en tanto en cuanto se identifique a todos los inmigrantes ilegales de la Comunidad, con especial atención a la identificación y repatriación de los denominados ‘menas’ -menores extranjeros no acompañados-. Respecto a este epígrafe, los detractores recurren a un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se denunciaba la identificación por motivos étnicos. 

En este sentido, recuerdan que Naciones Unidas condenó a España este mismo año por la deportación sumaria de un niño no acompañado de España a Marruecos, convirtiéndose en el primer dictamen de la ONU sobre esta práctica que además certifica la ilegalidad de las llamadas “devoluciones en caliente”, propuesta de VOX impulsa. Asimismo, los firmantes del manifiesta han evidenciado la intención de la formación de Santiago Abascal de criminalizar a los inmigrantes: “Queremos aclarar nuevamente que las personas migrantes, todas, mayores y menores no están fuera de la ley, no son delincuentes, por mucho que el partido VOX intente trasladar a la ilegalidad a nuestras vecinos y vecinas inmigrantes”. 

En un segundo punto de la propuesta de Vox, se señala que ”dado que los recursos de los madrileños no son infinitos, requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña, evitando el turismo sanitario”. Las distintas organizaciones humanitarias aclaran que no se ha podido acreditar el incremento del gasto que supone la atención sanitaria a personas migrantes: “Durante la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, el Ministerio de Sanidad no fue capaz de demostrar el supuesto ahorro producido por la exclusión sanitaria de las personas migrantes”.

Los colectivos continúan desarmando el argumento de Vox indicando que “frente a esta falacia de derroche de dinero público, lo que sí está demostrado, es que la exclusión sanitaria del decreto R.D.16/2012 causó un incremento del 15% de mortalidad entre los inmigrantes en situación irregular”.

“Estamos ante un nuevo intento de criminalizar a defensores/as de los derechos humanos, igual que la ilegalización de los barcos de salvamento en el Mediterráneo central, la causa abierta en Italia contra el alcalde de Riace Domenico Lucano o la persecución policial contra Helena Maleno. Por todo esto, invitamos a cuantos partidos pretendan gobernar a rechazar estos principios que no hacen otra cosa que criminalizar a quienes ya forman parte de nuestra sociedad y a las asociaciones, ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos que los acompañan”, concluye el manifiesto.









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