La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha comunicado a la Dirección General de Justicia los graves problemas que está sufriendo los sistemas de Gestión Procesal (GPRO) utilizados en los órganos judiciales de la región. Problemas que no son nuevos y que una vez más está suponiendo una traba para el servicio público que se desarrolla en los juzgados de la Comunidad de Madrid. Dichas incidencias también están repercutiendo en el programa de registro de asuntos (OFRE) y en la aplicación de gestión utilizada en los Registros Civiles (RECI) de nuestra Comunidad.
Estas incidencias informáticas se han agudizado en las últimas 24 horas, hasta el punto de que en el día de ayer se paralizó totalmente la actividad de los juzgados de la Comunidad de Madrid, y el personal funcionario tuvo que realizar los trámites procesales en texto libre en Word, con lo que ello implica. Esto no sólo está provocando el aumento de los tiempos de tramitación y esperas innecesarias (por ejemplo en la realización de trámites en persona ante los Registros Civiles), profundizando más en el colapso que sufre la Administración de Justicia de la región, sino que contribuye al aumento de la frustración y estrés de los empleados públicos, que ven paralizado su trabajo y se ven obligados a asumir las quejas constante de todos los profesionales y ciudadanos.
“Si a esto se le suma que hay diligencias que son inaplazables, como las desarrolladas en un servicio de guardia, da como resultado, inseguridad jurídica y una situación de estrés laboral que menoscaba gravemente la salud de los trabajadores. Desde CSIF volvemos a reiterar la necesidad de llevar a cabo la implementación de los nuevos programas de gestión procesal de manera más progresiva, y siempre y cuando se haya dotado previamente a los órganos judiciales afectados con medios informáticos modernos y adecuados”.
Además, desde CSIF reiteran la necesidad de dotar a todas las sedes judiciales de personal de informática para dar cobertura in situ de todas las incidencias que surgen diariamente. “Hemos comprobado que el sistema utilizado actualmente, mediante el CAU, no funciona adecuadamente; tardan en resolver las incidencias o las cierran en falso. El personal incluso ignora cómo se trabaja en la Administración de Justicia y desconocen nuestros programas informáticos. Esto implica pérdida de mucho tiempo y dinero del contribuyente que recibe un servicio público que dista mucho de ser de calidad”.
