Las peticiones para cobrar la RMI caen en 700 solicitudes de enero a mayo

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(EFE). Solo en el mes de abril hay 1.100 perceptores menos que en el mes de marzo, debido a que en abril 2.051 perceptores de la RMI encontraron un puesto de trabajo, lo que supone un 73,96 % más que en el mismo periodo de 2017. A este dato hay que añadir que 538 personas percibían ingresos de otras prestaciones económicas -ya sea por desempleo u otro tipo de prestaciones- y que 688 personas no presentaron la documentación solicitada para la acreditación de requisitos para el mantenimiento de la prestación.

De acuerdo con los datos de la Consejería, en 2016 el número de solicitudes de RMI fue de 14.621 y solamente 1.714 personas consiguieron un contrato de trabajo; sin embargo, en el año 2017 se registraron 13.075 solicitudes, 1.546 menos que el año anterior, y además se duplicó el número de perceptores que consiguieron un puesto de trabajo (3.453 personas).

La RMI es una prestación económica destinada a aquellas personas que carecen de los recursos económicos para atender las necesidades básicas de la vida. Para costearla, en los tres últimos años la Comunidad ha invertido 450,5 millones de euros, lo que ha permitido atender a más de 41.000 familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Estas familias, además de percibir esta prestación económica, han recibido otro tipo de prestaciones sociales como la exención del copago farmacéutico, participar en el cupo de acceso a la vivienda, gratuidad del menú escolar en centros públicos no universitarios, así como la bonificación de agua, luz y gas.

Además, para mejorar la formación e incorporación laboral de los perceptores de RMI, la Comunidad de Madrid ha impulsado en 2018 un programa con una dotación económica de 12 millones de euros, así como otro tipo de subvenciones a entidades sociales por importe de 4,7 millones de euros.

Precisamente hoy la plataforma “RMI Tu Derecho” ha convocado una concentración en la Puerta del Sol en protesta por lo que entiende que ha sido una “gestión restrictiva y arbitraria” de la Renta Mínima de Inserción por parte de la Comunidad desde 2017.

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