El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras las iniciativas rechazadas por la Mesa de la Asamblea de Madrid, con el Partido Popular como mayoritario, sobre la constitución de una comisión de investigación sobre el llamado ‘caso Aneri’ y otra sobre Caja Madrid, según ha informado la formación a través de un comunicado.
La formación magenta, junto al resto de los grupos de la oposición (PSOE e IU) había solicitado que se creara una comisión de investigación parlamentaria sobre el ‘caso Aneri’ para analizar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con la presunta estafa de fondos de formación por parte de la empresa Sinergia Empresarial, del empresario José Luis Aneri.
Por otro lado, UPyD había pedido otra comisión de investigación sobre Caja Madrid, para evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse del ejercicio de las competencias que ha ejercido el Gobierno de la Comunidad de Madrid en lo que respecta a Caja Madrid, en el periodo 2005-2012.
"Este recurso de amparo se interpone por entender que la Mesa de la Asamblea de Madrid continúa conculcando el derecho de UPyD a ejercer en condiciones de igualdad los cargos públicos", ha explicado el portavoz del grupo parlamentario, Luis de Velasco, quien ha añadido que "esas decisiones han impedido de forma arbitraria la tramitación de iniciativas parlamentarias que forman parte de la función representativa del grupo UPyD en la Asamblea de Madrid".
Otras iniciativas rechazadas de UPyD han sido la creación de otras tres comisiones de investigación sobre el proceso de externalización de seis hospitales, la gestión del Ente Público Radio Televisión Madrid o la supuesta privatización del Canal de Isabel II.
También le han sido rechazadas, entre otras iniciativas, las peticiones de comparecencia del presidente regional, Ignacio González; de la expresidenta Esperanza Aguirre, y del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, para informar sobre los supuestos contactos mantenidos entre directivos de la antigua Caja Madrid, actual Bankia, y miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid de cara a la adjudicación de contratos de obra en hospitales del Servicio Madrileño de Salud.
