En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ruiz-Huerta ha dado más detalles sobre un asunto que ya reprochó a Garrido en el pleno de la Asamblea del pasado jueves. «La prioridad del PP es la educación concertada», ha dicho.
La portavoz de Podemos ha denunciado que 167 centros concertados cobraron una tasa a los padres de los alumnos «bajo el título de actividades complementarias» cuando realmente eran actividades «obligatorias», algo que según ha señalado es «contrario» a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Además, ha informado de que el Gobierno regional abrió por este motivo expedientes a estos centros. «Esos expedientes habrían derivado en la imposición de una multa que el Gobierno de Garrido ha decidido archivar, hacer carpetazo, borrón y cuenta nueva», ha añadido.
En su opinión, el Gobierno regional «ha decidido perdonárselo por esta política clara de fomentar la educación concertada en detrimento de la pública». El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha comentado que «no se ha percibido que haya habido cobros indebidos» y, por lo tanto, «no se han cometido ilegalidades».
Fuentes de la Consejería de Educación e Investigación han explicado a Efe que la Inspección Educativa «supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, solicitando la memoria de actividades complementarias, con datos como precios, financiación y costes». Sobre la denuncia de Podemos no ha dado detalles y se ha limitado a decir que cuando la inspección «detecta alguna irregularidad, solicita al centro la corrección de aquellas cuestiones relacionadas con la gestión de las actividades complementarias y extraescolares que no aplica correctamente».
«La mayoría no son constitutivas de sanción. En caso de que no se corrijan, pueden ser motivo de apertura de expediente», han añadido las mismas fuentes.
