La agrupación de Ciudadanos, por medio de su portavoz en la Comunidad de Madrid, aclaró que estaba dispuesto a asumir ciertos puntos del pliego de Vox, sin embargo aclaraba que no iba a firmar ningún documento con el grupo liderado por Rocío Monasterio. De ahí que el PP intente cambiar el parecer de los naranjas incorporando ciertas modificaciones, «bajo la premisa de que la candidata del PP y sus socios de gobierno acepten introducir los puntos enumerados».
El pacto se fundará, según el PP, en el «respeto al compromiso adquirido» entre los grupos parlamentarios, que «expresarán abiertamente su aceptación», pero no se dice nada de firmas. Vox planteaba en su texto original determinadas exigencias polémicas, como «suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales» y derogar artículos de las leyes LTGBI. El documento del PP elimina o rebaja algunas de estas exigencias, aunque mantiene buena parte de la esencia del texto original de Vox en torno a los tres mismos ejes: prosperidad, libertad de educación y de pensamiento y cumplimiento de la legalidad.
Así, en el apartado de libertad de educación y pensamiento, Vox instaba a derogar determinados artículos de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual. El PP no menciona nada de estas leyes en su texto pero mantiene la exigencia de «garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a exigir el modelo que deseen para sus hijos».
Además, añade nuevos compromisos, como «evitar cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos» o reforzar «la transparencia de los centros, haciendo públicos sus proyectos educativos así como las temáticas extracurriculares». El PP también insta a incrementar la inspección educativa «para prevenir el adoctrinamiento político en las aulas» y a respetar al mismo tiempo «la potestad de los centros educativos de adaptar contenidos formativos al ideario del centro».
En el apartado de cumplimiento de la legalidad, Vox pedía identificar con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a todos los inmigrantes que estén en la Comunidad «de forma ilegal». También reclamaba entre otros asuntos «suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal».
El PP se limita a pedir una colaboración con el Estado para «asegurar una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo» y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan acceso directo a la información de la Comunidad de Madrid sobre «los extranjeros en situación irregular». También anima a «colaborar con las instituciones competentes, españolas y extranjeras, en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal».
En el apartado de prosperidad hay menos cambios significativos, ya que PP y Vox coinciden en eliminar o bajar todos los impuestos existentes en la Comunidad y en «racionalizar» el sector público institucional, «eliminando aquellas agencias, entes y organismos» que no respondan a criterios razonables de uso del dinero público». No obstante, el PP suprime el término «chiringuito» y también el «carácter ideológico» que Vox incluía en su documento original.
