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19/10/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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El PP de Móstoles rechaza una comisión que investigue las obras del tren a Navalcarnero
El PP de Móstoles ha anunciado su rechazo a la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el proyecto fallido de ampliación de la línea 5 de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, después de que el Ayuntamiento anunciara que todos los grupos estaban de acuerdo en su apertura.

Desde el PP aseguran en un comunicado que "en ningún momento" se les ha consultado la apertura de dicha comisión, que será llevada a votación en el Pleno municipal del próximo día 25, por lo que han exigido "una rectificación" al consistorio, insistiendo en que no tiene "ninguna justificación" la creación de la misma. Pese a que desde el Ayuntamiento insisten en que dicha comisión serviría para dilucidar posibles responsabilidades políticas en la actuación del Gobierno municipal, desde el PP explican que el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) ya dio la razón en marzo a la Comunidad de Madrid y la Ayuntamiento de Móstoles.

"El TSJM impidió que la filial de OHL percibiera una compensación tras paralización de la obra", añaden desde el PP, quienes recuerdan que fue el propio concejal socialista Javier Gómez quien señaló que dicha sentencia "deja meridianamente claro que no ha sido la Administración y mucho menos, el Ayuntamiento de Móstoles los culpables de esta causa".

El PP considera que el tren Móstoles-Navalcarnero es "un contrato de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento de Móstoles", por lo que creen que "el único motivo que tiene el Gobierno municipal de querer aprobar una Comisión de un asunto sobre el que ya existe sentencia del TSJM es tapar su incapacidad".

Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.

En junio de 2015, tras cinco años de paralización, fue la empresa concesionaria la que presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad respondió con el inicio de un expediente de penalidades -con multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaría en septiembre de 2017.

Transcurridos unos meses desde el inicio de dicho expediente de penalidades, y habiéndose comprobado que OHL no tenía "intención ninguna" de reiniciar y culminar las obras, se decidió finalmente iniciar el proceso de resolución de contrato por parte de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. En una primera sentencia, emitida en marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Móstoles en el contencioso abierto por la empresa concesionaria OHL, aunque el asunto ha sido recurrido por la compañía.

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestimó en su auto la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que "ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado".









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