La votación para la elección de los miembros de la Mesa de la Asamblea del pasado 11 de junio tuvo como resultado que, del total de siete miembros de la Mesa, dos pertenecen al PP, dos a Ciudadanos, uno a Vox y dos al PSOE. Tras las elecciones del 26 de mayo, el PSOE obtuvo 37 diputados, 30 el PP, 26 Ciudadanos, 20 Más Madrid, 12 Vox y 7 Podemos-IU-Madrid en Pie.
Los socialistas Diego Cruz, vicepresidente segundo, y Encarnación Moya, secretaria segunda, han registrado este martes esta solicitud, dirigida al presidente del Parlamento regional, Juan Trinidad. «La votación supuso una nueva forma de actuación, puesto que no había sucedido nunca que se excluyera a un grupo (Más Madrid) de estar en la Mesa de la Asamblea de Madrid, mucho más cuando se produce la incorporación de otro que tiene menos votos, menos porcentaje y menos razones desde el punto de vista democrático» para tener representación (Vox), ha explicado Cruz.
El PSOE estima que aquí puede haber «una vulneración de derechos fundamentales», por lo que la Secretaría General o los servicios jurídicos de la Asamblea deben aclarar si este procedimiento se ajusta a derecho ante las «dudas sobre la proporcionalidad del resultado de la votación en relación con la composición de los grupos tal y como requiere el Estatuto de Autonomía».
El artículo 12.2 c) de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid requiere que los grupos parlamentarios participen en la Mesa de la Asamblea, así como en las Comisiones y en la Diputación Permanente, en proporción al número de sus miembros. El PSOE argumenta en el escrito que es obvio que la reducción de la representatividad de una Asamblea de 132 miembros a una Mesa de siete provoca alteraciones en la proporcionalidad.
«Lo que posiblemente resulta contrario a la lógica proporcional es el excesivo margen de distorsión entre la participación de los grupos parlamentarios Más Madrid y Vox en función de su representatividad en la Mesa respecto del Pleno», lo que podría ser incompatible con el citado artículo 12.2 c) del Estatuto de Autonomía, precisan los socialistas. Cruz ha indicado que esta actuación supone «un rodillo» y «una tropelía» que, además, «vulnera derechos de terceros», lo que sienta «un precedente muy malo» en el Parlamento regional. El PSOE estudiará la cuestión desde el punto de vista jurídico, aunque la ejecución de este informe es el primer paso «por el prestigio y la dignidad» de la propia Asamblea, ha agregado.
