El nombre de López Vaquero apareció en un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladó a la Audiencia Nacional en el marco de la citada red de corruptela. El Instituto Armado sospechaba que el exmandatario de Coslada cometió presuntamente delitos de malversación y tráfico de influencias al contratar a dos empresas de la trama con dinero público para mejorar su imagen en Internet.
Fuera como fuere, la renuncia de Raúl López obliga a la Comunidad de Madrid a buscar un sustituto para el Comisionado de la Cañada Real Galiana “cuanto antes”. A comienzos de legislatura, la responsabilidad de dicho puesto fue ratificada en la persona de José Antonio Martínez de Páramo, quien había desempeñado dicha función desde la creación del órgano, encargado de mediar entre las administraciones y coordinar las actuaciones en materia social, urbanística, de vivienda y jurídica en el asentamiento ilegal.
Una semana después de ser renombrado Comisionado, Martínez de Páramo renunció al cargo y el Gobierno de Díaz Ayuso decidió colocar a la expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, en el puesto. Sin embargo, ésta no terminó de encontrarse cómoda con dicha responsabilidad y la abandonó para pasar a ser nueva gerente del 112. El Ejecutivo autonómico designó entonces elegir a López Vaquero, quien una semana después dejaba nuevamente libre este puesto en el que se cobran 75.084 euros anuales.
