La familia de Rafael Fernández García, alias ‘El Rafita’, uno de los jóvenes condenados por la muerte de Sandra Palo, la realizado la mudanza de su vivienda en Alcorcón para no toparse con la comisión judicial que formaliza su desahucio por no pagar las cuotas de alquiler, según han informado a Europa Press fuentes vecinales.
Concretamente, y según fuentes cercanas al caso, la arrendataria del inmueble, Manuela Fernández, madre de ‘el Rafita’, debía al IVIMA, propietario de la casa, todas las mensualidades (74 euros por cuota mensual actual) desde 2003. En total, 1.700 euros. Además, no podía alegar carencia de ingresos, puesto que la arrendataria cobra al menos la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad, dotada actualmente con 532 euros.
Una comisión judicial, acompañada de un cerrajero, ha acudido a esta vivienda para hacer efectivo el desahucio. Tras no encontrarse con nadie dentro, ha procedido a cambiar las cerraduras. Para ello no ha sido necesaria la actuación de varias unidades de Policía Nacional y Municipal, que han llegado al lugar en previsión de posibles altercados que finalmente no se han producido.
Acompañados también por trabajadores de una empresa de mudanzas, han accedido al interior del inmueble y han procedido a evaluar los daños en la vivienda, sacando de ella además los escasos objetos personales que la familia ha dejado en el interior, concretamente dos somieres, cuatro colchones y varias piezas de coche.
Es lo único que han dejado en la casa, además de una evidente suciedad, la familia del asesino de Sandra Palo. De hecho, la caldera había sido arrancada de cuajo, no quedaba ni una sola bombilla en la vivienda y tanto el cristal de la puerta del portal como la ventana exterior estaban rotos, así como el telefonillo del portal, totalmente destrozados. Además, en el rellano del primero B, donde vivían los desahuciados, lucía la pintada ‘Chivatos no’.
Tras la formalización efectiva del desahucio, el IVIMA reparará los daños en la vivienda y la habilitará para que puede ser ocupada por una familia necesitada. Además, según la legislación vigente, los García Fernández ya no podrán ser perceptores de otra vivienda social tras incumplir las condiciones de pago de ésta, según han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad.
La familia de ‘el Rafita’ poseía este vivienda protegida en régimen de alquiler desde 1999, tras el desmantelamiento por parte del Instituto de Realojo e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS) del poblado chabolista de Las Mimbreras, donde vivían hasta entonces.
