Las autoridades han detenido a cinco personas, entre ellas dos veterinarios, y rescatan a 270 perros, en su mayoría chihuahuas, de un criadero ilegal.
Agentes de la Policía Nacional detienen a cinco personas y rescatan a 270 perros, en su mayoría chihuahuas, que se encontraban en dos criaderos ilegales en Meco y Arganda del Rey. Entre los arrestados hay dos veterinarios, que presuntamente conformaban una de los principales distribuidores de canes por Europa. Según las investigaciones, el negocio llevaría operando más de una década, habiéndose obtenido unos beneficios superiores a los dos millones de euros.
Los animales se encontraban en un zulo construido en el sótano de una vivienda en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad. Algunos de los ejemplares habían sufrido una sección de las cuerdas vocales, posiblemente para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos. Actualmente los perros intervenidos se encuentran bajo la custodia de varias protectoras de animales, a la espera de la decisión judicial sobre su destino final.
Las investigaciones se iniciaron a comienzos del pasado año tras una denuncia en la que se identificaba un criadero ilegal de chihuahuas en un chalé de Meco. Según se indicó, los animales eran distribuidos por toda la geografía española previo anuncio y contacto a través de una página web.
Tras practicar las gestiones necesarias se realiza una inspección en la vivienda. En la intervención se consiguen rescatar 12 perros de la citada raza en el momento que se estaban intentando deshacerse de ellos. Al realizarles las pruebas veterinarias oportunas se comprobó que presentaban síntomas de que les habían cortado las cuerdas vocales, posiblemente para que no ladrasen y pudieran alertar a los vecinos de la existencia de un criadero ilegal de perros en la urbanización.
Habían dado de alta 1.400 perros en la RSCE para incrementar su valor
A partir de este punto, los agentes centraron su objetivo en identificar la posible participación de otras personas, tales como veterinarios, otros criadores, etc. Así lograron identificar a una familia residente en un céntrico chalé de Arganda del Rey. Estas personas habían dado de alta más de 1.400 canes en la Real Sociedad Canina de España, con el objetivo de dotarlos de una apariencia de legalidad y poder venderlos a un precio más elevado. Pese a que habían dado de alta tal cantidad de animales, no les figuraba registrado ningún lugar “legal” de cría a sus nombres.
Tras realizar la entrada y registro en su domicilio, los agentes intervinieron 258 canes -principalmente de las razas chihuahua y pomerania-. Éstos se encontraban repartidos en un zulo construido ilegalmente en el sótano y que tenía distribuidos en tres zonas. Por un lado el área de cría, donde se encontraban los animales con menos de 1 mes y las perras embarazadas; la zona de animales preparados para la venta; y la zona de animales listos para criar.
Los perros se encontraban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad. Asimismo, la cría indiscriminada sin ningún tipo de control veterinario habría generado múltiples afecciones a las hembras. Entre los canes intervenidos, los agentes hallaron dos crías muertas, congeladas y envueltas en papel de periódico. Además de los canes, también se intervinieron medicamentos de uso veterinario, vacunas, chips y documentación sellada por veterinarios, pero sin terminar de rellenar.
Dos veterinarios entre los arrestados
En total han sido detenidas cinco personas, entre los que se encuentran la pareja que encabezaba el grupo, residente en Arganda del Rey. Éstos son considerados como los principales distribuidores de perros en Europa de raza chihuahua y Pomerania. También ha sido arrestado un experto informático que se encargaba de la estrategia comercial a través de campañas de márketing y publicidad.
Finalmente fueron detenidos dos veterinarios cuya actividad principal consistía en dotar a los perros que se vendían de una apariencia de legalidad. Para ello facilitaban cartillas selladas por los centros veterinarios pero sin rellenar; al objeto de que los máximos responsables las adecuaran a sus necesidades. También facilitaban el acceso del criador a medicamentos de uso veterinario y al instrumental pertinente.
Tras el análisis de la documentación, se aprecia que el grupo llevarían operando más de una década y que habrían obtenido unos beneficios superiores a los dos millones de euros. Los animales se encuentran bajo la custodia de varias protectoras de animales a la espera de la decisión judicial sobre su destino.
