En la misiva, adelantada por el diario El País y a la que ha tenido acceso EFE, el consejero recuerda que la atención a estos jóvenes debe implicar de manera consensuada a administraciones, partidos y organizaciones, quienes han de tener en cuenta que para esta cuestión «no valen soluciones simples», sino que hace falta «un proceso largo en el tiempo». «Es nuestra obligación, como representantes de todos los ciudadanos, trabajar conjuntamente para que una región, como es la Comunidad de Madrid, responda de manera adecuada ante una situación que pone en cuestión los derechos humanos», argumenta.
Por eso el consejero invita a fijar una fecha para una reunión «exploratoria», en la que se determine si se dan las condiciones para buscar ese Pacto Regional orientado a «asegurar el bienestar del menor», acuerdo al que también quiere sumar a Ayuntamientos, entidades sociales y sindicatos. «Tenemos que ser capaces de demostrar a la sociedad madrileña nuestro firme compromiso en encontrar una solución a un problema difícil, pero no imposible de resolver. Fuimos capaces en el pasado, aprobando un Pacto Regional por la Cañada Real, y considero que ésta fue una labor de la que todos debemos sentirnos muy orgullosos», sostiene.
La Comunidad de Madrid acoge en estos momentos a más de 600 menores extranjeros no acompañados, que en su mayoría (433) se encuentran en la red estable de protección, mientras que en la red de primera acogida hay otros 216, a fecha 2 de agosto de este año. La región cuenta con una red de protección estable de 470 plazas distribuidas en cincuenta recursos a lo largo de toda la Comunidad.
