Así lo ha manifestado Rollán en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, donde ha recalcado que, pese a discrepar con la decisión que tomó el Gobierno de Ignacio González en 2013, tuvo que hacerse para «desprenderse de patrimonio» y no tener que «tomar otra alternativa».
Rollán ha respondido así al diputado de Podemos Marco Candela sobre las consecuencias que tendrá para la Comunidad de Madrid la sentencia que anula la venta de esas viviendas al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs, una operación con la que, según Rollán, discrepan «por el momento en el que tuvo lugar».
Para el vicepresidente regional Podemos tiene una «doble vara de medir» cuando habla de la venta de viviendas a fondos de inversión, ya que meten en el mismo lugar 104 millones «por la compra de un edificio en la calle de Alcalá». Según Rollán, la sentencia hace referencia a la «no necesidad» de estas viviendas por la «tipología» de las personas a las que estaban destinadas, que son quienes estaban en una situación muy desfavorable, hasta tres veces por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Por ello, la Abogacía General ha considerado pertinente recurrir la sentencia, que «no es firme» y la única que lo es, ha recalcado, «dice lo contrario». En esta línea, ha abogado por esperar a que haya un pronunciamiento «uniforme y único» para saber «las consecuencias y a qué atenerse», al tiempo que ha recordad que la Comunidad se ha comprometido a no vender ni transmitir «ni una sola promoción de viviendas».
Por su parte, el diputado de Podemos Marco Candela ha remarcado que la sentencia determina que la operación fue «una burla tapadera» de Ignacio González «para defender lo indefendible», ya que aseguraba que fue una actuación eficiente cuando la Comunidad perdió casi 100 millones de euros de patrimonio.
Asimismo, ha apuntado que el Gobierno regional tuvo que reformar el reglamento de vivienda pública para poder justificar esa operación, y ha añadido que hay abierto «un proceso penal» contra los dos gerentes del Ivima y la empresa del consejero de Vivienda por sus lazos con el fondo que se quedo las vivienda.
Previamente, el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha preguntado al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, cuál es el interés público para recurrir la sentencia, cuando se habla de una venta «injusta» para los ciudadanos. «¿O es que solo había un interés lucrativo y económico en esta operación y ustedes siguen pensando en términos similares?», ha apostillado Gabilondo, que ha considerado que esta operación buscaba solo «el lucro de la mercantilización de la vivienda social».
A su juicio, recurrir la sentencia es defender que las actuaciones fueron legales, cuando el fallo constata que los pisos no eran necesarios y que «la enajenación masiva no paso por ningún consejo de administración de la empresa pública». «Su obligación es comprometerse con las personas perjudicadas por aquella decisión política mediante otra decisión política», ha dicho el portavoz socialista a Garrido, que ha explicado que no comparte la decisión «conceptualmente».
El presidente de la Comunidad de Madrid ha comentado que los tribunales «han dicho una cosa y la contraria», por lo que la Abogacía General ha considerado pertinente recurrir el fallo. Garrido ha afeado a Gabilondo que critique las políticas de vivienda del Gobierno regional, ya que han entregado 2.200 viviendas durante esta legislatura, el doble del compromiso del PP en su programa electoral.
