El anterior instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, acordó una cuantía inicial de cuatro millones de euros. Sin embargo, García Castellón rebajó la sanción después de tomarle declaración al tiempo que la defensa de Richmond iba a aportar documentación que eximiría a la ex-directora del Canal de haber sido conocedora del desvío de fondos que dio inicio a la trama.
Precisamente la defensa de González solicitó al mismo magistrado declarar voluntariamente, al igual que su mano derecha en Sudamérica y expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos permanecen en la prisión de Soto del Real desde el pasado 21 de abril cuando se les decretó prisión incondicional sin fianza por su implicación en la trama Lezo.
