El Ministerio de Sanidad contaba en su haber con informes internacionales en los que se advertía del riesgo «moderado alto» de brotes de coronavirus como en Italia

El Ministerio de Sanidad tenía conocimiento desde el mes de febrero de que el riesgo de que en España se registrasen brotes de coronavirus como los detectados en Italia era «moderado alto». El departamento dirigido por el socialista Salvador Illa tenía en su haber un informe en el que se apuntaba que podían darse casos de alta transmisión del virus en eventos de corta duración -como una comida o una visita familiar-. Asimismo, el área del ramo había sido advertida de la situación de vulnerabilidad a la que estaría sometido el personal sanitario; tal y como ya se había producido en China.

Así consta en dos documentos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), departamento dirigido por Fernando Simón. Dichos documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, están fechados a 24 de febrero y 6 de marzo de 2020. El primero incide en la posibilidad de que ciudadanos de otros países, infectados por el coronavirus, recalasen en territorio español. Así, Sanidad recogía la advertencia del Centro Europeo de Control de Enfermedades de que había un riesgo calificado como «moderado alto» de que se produjeran brotes de coronavirus en otros países; tal y como sucedía entonces en Italia.

Asimismo, el mismo informe del que tenía conocimiento el departamento dirigido por el doctor Simón incluía una serie de medidas que el país del Mediterráneo ya había tomado para intentar paliar los efectos de la COVID-19. Dichas actuaciones se tomaron un día antes de que el organismo internacional emitiese el documento. En concreto, se procedió a la prohibición de entrara o salida de las áreas afectadas por la pandemia en Italia; la suspensión de manifestaciones, eventos públicos y reuniones públicas o privadas en locales; la suspensión de viajes escolares y de clases en colegios y guarderías; el cierre de museos; la suspensión de competiciones y otras actividades públicas con la excepción del aprovisionamiento de bienes y servicios públicos esenciales.

Con respecto al otro informe que llegó a manos de Simón, el mismo alertaba de la alta transmisión del virus; incluso en eventos sociales de corta duración. En este sentido, el documento relata también el problema añadido al que se enfrentó China: la infección de los sanitarios por falta de equipos de protección. Llegados a este punto, el texto recoge datos de un estudio en que se describen nueve series de infecciones secundarias como consecuencia de «eventos sociales de corta duración, como una comida o una visita corta», en China y otros países en los que se ha registrado una alta tasa de transmisión del virus.

Igualmente, el documento del 6 de marzo subraya la importancia de que la plantilla de profesionales dispusiese de los recursos necesarios. Según las conclusiones de la OMS en China, la transmisión descendió «drásticamente» una vez que «se tomaron medidas de protección individual adecuadas».

Precisamente la falta de equipos de protección individual (EPIs) ha sido uno de los problemas con los que se ha enfrentado España. La carencia de este tipo de suministros ha provocado que la infección se extendiera entre los trabajadores sanitarios.

Se precisa además que «por causas aún no conocidas, parece que hay eventos con personas infectadas que muestran una altísima tasa de transmisión del virus». Estas advertencias fueron objeto de estudio por parte de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. De ahí que dicha entidad presentase una querella contra el doctor por un presunto delito de homicidio imprudente; así como un delito de lesiones  al no advertir a Gobierno y ciudadanía del peligro del coronavirus. Así lo publicó en exclusiva El Distrito, haciéndose eco de los citados informes.

La querella, presentada ante el Juzgado de Instrucción de Madrid, evidenciaba cómo el doctor epidemiólogo, conocedor de las perniciosas consecuencias del coronavirus por los informes que recibía de organismos internacionales, «no informó al Gobierno con puntualidad y precisión de las medidas a adoptar en una situación de pandemia con contagio comunitario; así como informar a la opinión pública de las medidas a adoptar en este supuesto». De esta manera, la asociación responsabilizaba al experto de que no se tomaran las órdenes oportunas. Asimismo, el escrito sostiene que se podría haber evitado el incremento de fallecidos y pacientes con cuadros graves.

Añadir, en relación con la celebración del 8M, que el propio Simón animó a la ciudadanía a acudir a la marcha feminista. “Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera”, expresó. Sin embargo, sí que se suspendió una maratón en Barcelona al entender que existía riesgo de contagio de coronavirus.

La asociación querellante sostiene que si en lugar de alentar prácticas que podían contribuir a la transmisión de la enfermedad se hubiesen prohibido, se «hubieran ahorrado miles o decenas de miles de contagios; con la consiguiente disminución de enfermos graves y fallecidos. Por no mencionar los fallecimientos que traen causa directa de la masificación de hospitales y que las medidas de aislamiento contribuyen a paliar».«En el presente supuesto, el daño consiste en el incremento de las muertes y hospitalizaciones por la imprudencia de no avisar a la población puntualmente del riesgo que corrían si concurrían a eventos masificados», expone otro fragmento del escrito.