Han advertido, además, ante un «conflicto en Atención Primaria que puede ser inminente si se aprueba la ley», cuyo articulado otorga a las farmacias competencias que ya están desarrollando enfermeras y médicos de los Centros de Salud, un servicio que las farmacias «cobrarán por realizar, detrayendo así recursos públicos al sector privado», indica Satse en un comunicado.
«El PP quiere privatizar parte de la Atención Primaria y este es el primer paso. El siguiente será cerrar consultorios y centros de salud con el argumento de que sus funciones ya las realizan las farmacias y que sobran profesionales sanitarios», advierten. De ahí que el sindicato pida la abstención de Cs en la votación de la ley, que se debatirá en la Asamblea a partir de octubre, «para impedir la privatización de la Primaria», según la secretaria general de Satse, Teresa Galindo.
La nueva ley «perjudicaría gravemente al Sistema Sanitario Público, detrayendo presupuestos públicos para dárselo a una empresa privada, la oficina de farmacia», agrega el comunicado. Según el sindicato, se verían afectados «miles de usuarios y casi 40.000 profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de los que 10.000 desempeñan su labor en Atención Primaria».
Tanto Cs como PSOE y Podemos, con los que Satse se reunirá mañana, «deben pensar si los madrileños están dispuestos a permitir que parte de la labor que se realiza en los Centros de Salud pase a depender de las oficinas de farmacia con lo que esto conlleva, privatización y más gasto sanitario», continúa Satse.
El sindicato «no se opone a que las oficinas de farmacia desarrollen nuevas competencias pero siempre dentro de su ámbito de actuación».
Sin embargo, el articulado otorga a las farmacias el desarrollo «de actividades y servicios asistenciales que determine la Consejería de Sanidad», que podrían ser el control de la medicación y de los botiquines, la toma de tensiones, el control del azúcar, programas de detección precoz y cribado de enfermedades.
«Todo ello se haría en los domicilios de los pacientes», según el secretario de Acción Sindical de Satse, Jesús García, quien recalca que estas actividades las hacen los sanitarios de los centros de salud cuando acuden al domicilio. «No comprendemos por qué la Consejería de Sanidad decide ahora que se hagan desde las oficinas de farmacia, con el coste económico que esto representará ya que cobrarán por realizar este nuevo servicio y así lo han expresado en numerosas ocasiones», añade.
Satse acusa al PP de intentar «sanear un sector privado que en los últimos años ha perdido gran parte de sus ingresos y lo hace a costa de la Sanidad Pública, sin detenerse en analizar el motivo de dicha pérdida de ingresos». España es el país con mayor número de oficinas de farmacia de toda Europa (el doble que muchos países de la OCDE), mientras que la Comunidad de Madrid se encuentra a la cola del ratio de enfermeras por habitante en Primaria, tanto en España como en Europa, continúa el sindicato.
La solución es «abstenerse en la votación del proyecto de Ley, devolverlo al Gobierno del PP y hacer las cosas bien: sentar en la misma mesa a todos los profesionales afectados (no sólo a los farmacéuticos) y redactar un nuevo proyecto», concluye Satse.
