En el debate sobre el estado de la región, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció que en la línea de supresión y reestructuración de organismos autonómicos, el Gobierno regional va a suprimir la Academia de Policía de la Comunidad, cuyas funciones en adelante serán asumirás por la Dirección General de Seguridad.
La Comunidad de Madrid, en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía se reserva las competencias exclusivas en materia de seguridad, de “Coordinación de las Policías Locales”, con una ley de Coordinación aprobada hace más de 20 años, (Ley 4/1992) y la formación, Ley 15/2000, de 12 de diciembre, cuya función principal consiste en impartir cursos relacionados con la formación de las policías locales y cursos especializados en materia de protección civil. “Unas competencias que se sitúan en una situación de incertidumbre sin precedentes. No es un problema de presupuestos, va más allá, es un problema del modelo de seguridad para los ciudadanos de esta región”, explica CCOO en un comunicado.
Las funciones de la Academia las asumirá la Dirección General de Seguridad según ha manifestado González, sin aclarar cómo se llevará a cabo la formación de los más de 12.000 agentes de la región, así como las nuevas promociones de los cursos básico o de promoción, que son parte de los procesos selectivos para aprobar las plazas.
Ya se establecieron tasas para la formación de los policías locales, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativa de 2009, para la formación básica de seguridad, y 2011 también se fijaron tasas para la formación continua, estas tasas formativas en seguridad son un caso único en todo el estado.
Desde CCOO denuncian que “es posible que estemos ante un abandono de la responsabilidad legal de la Comunidad de Madrid en esta materia y ante una nueva privatización de los servicios públicos”.
Para CCOO, en los temas de seguridad en Madrid “llueve sobre mojado”. En este sentido remarcan “los brutales recortes efectuados con las Brigadas de Seguridad Ciudadana las llamadas BESCAM, afectando a los recortes en los costes de personal así como a la dotación de medios materiales, que rondan el 50% sobre los acuerdos firmados con los 111 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, definen claramente la devaluación de la seguridad del Gobierno regional”.
