El gasto promedio por dependiente atendido se situó en 8.090 euros al año en 2018, de los cuales la Administración Central aportó 1.348 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, el resto lo cubrieron las comunidades autónomas, según el estudio realizado por esta asociación con las certificaciones oficiales anuales remitidas por los gobiernos regionales. La inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.054 millones de euros el pasado año, una cantidad que refleja que no se han recuperado los recortes de 2012 y «ni tan siquiera se ha cumplido el compromiso de elevar un 5 % cada año desde 2018» el nivel mínimo que el Gobierno central aporta a las autonomías para la atención de los dependientes, lamenta esta asociación.
Por su parte, las comunidades autónomas sí han aumentado un 7,5 por ciento su aportación al sistema respecto a 2017, alcanzando los 6.707 millones de euros. «En este contexto entendemos que existen razones sobradas para abordar la cuestión con urgencia, más si consideramos que se está impidiendo el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen sin haber llegado a ser atendidos; cada mes, aproximadamente el 1 % de la lista de espera fallece, 80 personas al día mueren sin haber podido ejercer su derecho», asegura el responsable de la asociación, José Manuel Ramírez.
Reclaman al Gobierno en funciones que apruebe «al menos» un real decreto para que se cumplan las previsiones de los presupuestos prorrogados de subir el 5 % con efecto 1 de enero de 2019. Recuerdan que para la eliminación del 75 % de la lista de espera, tal y como se habían comprometido, se precisa un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros, que deberían ser aportados íntegramente por la Administración central para llegar a una aportación global del 36 %, aún lejos del 50 % que establece la ley (el otro 50 % las comunidades autónomas). «Esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades) sin contar con los retornos inducidos», concluyen los gerentes de servicios sociales.
