La fortaleza económica de la Comunidad y una gestión eficiente ha permitido que la región resista mejor la crisis sin necesidad de recurrir a la ayuda estatal. Además, la solvencia financiera ha permitido cumplir con las obligaciones con los proveedores, como ha destacado el Consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, en la inauguración de una jornada informativa sobre la morosidad y su impacto para las empresas.
La Comunidad se financia más barato fuera del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) ya que de haber recurrido a dicho instrumento, pesaría sobre ella el estigma de región rescatada, lo que habría supuesto o la expulsión del mercado o un encarecimiento del tipo medio de los intereses de la deuda. El no haber recurrido al FLA –añadió Ossorio-, ha permitido ahorrarse a la Comunidad, gracias a su buena acogida en los mercados, 150 millones de euros en intereses en 2012 y 2013.
El consejero señaló que esa probada solvencia supuso la reiterada solicitud al Estado para autorizar la colocación del resto de deuda derivado del nuevo objetivo de déficit fijado para Madrid en 2013. La Comunidad también ha solicitado la autorización de endeudamiento por excesos de déficit del pasado, para que el contador de deudas pendientes de pago se pueda poner a cero.
La Comunidad de Madrid ya ha saldado su deuda con los proveedores por lo que no ha sido necesario enviar ninguna factura al nuevo Plan de Pago a Proveedores promovido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Así, la Comunidad ha atendido en los últimos días pagos por valor de 282 millones, y ha conseguido así que los proveedores de la Administración autonómica madrileña cobren lo antes posible, sin trámites y sin tener que esperar al menos hasta final de año.
Ossorio reconoció los beneficios que ha supuesto para la Administración y para los empresarios el Plan de Pago a Proveedores, al que la Comunidad se adhirió a la primera fase y al primer tramo de la tercera fase para ayudar a las Universidades Públicas. La tercera fase, en su primer tramo, incluyó, como novedad destacable, la ampliación del ámbito a las Universidades Públicas. Con cargo a este tramo, que se ha desarrollado entre julio y septiembre de este año, se abonarán 89 millones de euros.
