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11/08/2019 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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El Supremo ratifica que IVIMA publicó sin permiso los nombres de los inquilinos de las viviendas enajenadas a un 'fondo buitre'

El Alto Tribunal confirma la resolución de la Audiencia Nacional y la resolución de la Agencia de Protección de Datos

El Tribunal Supremo ha confirmado que el antiguo IVIMA infringió la Ley de Protección de Datos al publicar los nombres y apellidos de los inquilinos, sin el consentimiento de éstos, de las 3.000 viviendas que fueron vendidas a un fondo de inversión -conocidos también como ‘fondos buitre’- en el año 2013. De esta manera, el Alto Tribunal ratifica la sentencia emitida por la Audiencia Nacional y rechaza el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid frente a la resolución sancionadora que dictaminó la Agencia de Protección de Datos. 

Este último organismo interpretó que la administración autonómica actuó sin la “necesaria” ni “pertinente” diligencia respecto al fin pretendido. Así, la agencia sostiene que lo correcto hubiese sido "consignar las viviendas con una referencia identificativa genérica y su eventual situación procesal, sin necesidad de identificarlas con nombres y apellidos".

"Por ello, entiende la Agencia que resultaba innecesario que se realizara en el momento de la divulgación del pliego de condiciones en abierto a través de Internet, pudiendo hacerse efectivo de forma restringida en DATA ROOM accesible para los licitadores o en el momento de la adjudicación, cumpliendo de esta forma lo previsto en el artículo 49.3 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid", defiende la resolución de primera instancia. 

Los inquilinos afectados reclamaron una indemnización económica de 100.000 euros para cada uno de ellos, sin embargo, la normativa no contempla este tipo de sanciones, por lo que se rechazó. Ahora, la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo falla en contra de la actuación del IVIMA en virtud de la jurisprudencia sobre el tratamiento de datos personales. En este sentido, el Alto Tribunal señala la decisión de la administración autonómica de “desproporcionada” y razona que se “excedió de lo necesario para cumplir las previsiones de publicidad y transparencia -en alusión a la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid-".

 









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