La titular del juzgado central de instrucción nº 3, María Tardón, archivó el pasado 3 de octubre la querella presentada en mayo por los taxistas al estimar que partió de una «premisa falsa, que es la de considerar que se ha producido en un mercado libre y carente de regulación». La magistrada rechazaba que estas compañías de VTC -vehículos de turismo con conductor- hubieran manipulado el precio de los servicios a su antojo, porque «en este sector de transporte de viajeros de movilidad urbana no hay libre competencia», ya que «es la Administración la que fija las condiciones y las tarifas».
Ahora, los taxistas alegan entre otros argumentos que la magistrada no es imparcial, ya que el letrado que representa a los taxistas es el exjuez Elpidio Silva, suspendido de sus funciones en 2014 tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abrirle juicio oral por prevaricación, entre otros delitos, durante su investigación del caso de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid.
La ahora magistrada de la Audiencia Nacional fue apartada de aquella causa tras conocerse que había formado parte de la Asamblea de la caja madrileña durante el mandato de Blesa. En su recurso de apelación, Elpidio Silva Abogados rechaza además que en el sector del transporte de viajeros en movilidad urbana no concurra la libre competencia de precios, como señalaba la magistrada en su auto de archivo.
Tal afirmación, señala el recurso, no se ajusta a la realidad, ya que en este ámbito concurre la libre competencia de precios, tanto respecto de las tarifas como del precio de transmisión de las autorizaciones habilitantes. Para el colectivo de taxistas, los precios son susceptibles de ser alterados «engañosamente», como de hecho sucede a consecuencia del proceder «criminalizado» de los querellados; no se puede admitir el argumento de que «no existe la posibilidad de manipulación de los precios en un sector intervenido», ya que el sector de los VTC no se halla intervenido.
Los taxistas atribuyen a las dos empresas de VTC desde la estafa masiva a delitos contra la Hacienda Pública, la vulneración de derechos de los trabajadores, administración desleal, blanqueo de capitales y alteración de precios bajo engaño.
