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29/05/2014 - Admin Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Tres detenidos por estafar a ancianos haciéndose pasar por revisores de gas
Los imputados alertaban a sus víctimas de la obligatoriedad que tenían de hacer una revisión a la caldera o en la instalación de gas y les amenazaban con el corte del suministro o con una elevada multa si no lo hacían.
La Guardia Civil ha imputado a tres personas veinte estafas, la mayoría a personas de avanzada edad residentes en Boadilla del Monte, Madrid y Alcorcón, a los que obligaban a pagarles por servicios que realizaban en sus casas haciéndose pasar por revisores de gas, informa este Cuerpo.
 
Los imputados alertaban a sus víctimas de la obligatoriedad que tenían de hacer una revisión a la caldera o en la instalación de gas y les amenazaban con el corte del suministro o con una elevada multa si no lo hacían.
 
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Boadilla del Monte y ha sido fruto de una investigación iniciada el pasado mes de febrero cuando se recibieron en el cuartel de esta localidad cinco denuncias de víctimas de estafas por parte de una supuesta empresa dedicada a gas y energías.
 
Tras varias gestiones e indagaciones la Guardia Civil sospechó de un grupo formado por tres españoles que acudían a domicilios particulares identificándose como trabajadores de dicha compañía con la excusa de tener que realizar una instalación o una revisión obligatoria.
 
Estas personas aseguraban a las víctimas que en caso de no realizarla se procedería contra ellas para que depuraran responsabilidades con una elevada multa e incluso con el corte del suministro de gas. Ante estas amenazas las víctimas accedían a la instalación o la revisión instante en el que les obligaban a pagar unos cien euros.
 

La Guardia Civil ha constatado que la empresa en la que los imputados supuestamente trabajaban no está dada de alta en ningún registro mercantil y que cuenta además con quince reclamaciones por hechos similares. Los imputados son vecinos de Madrid de entre 35 y 45 años con antecedentes por hechos relacionados con el patrimonio. Además de un delito de falsificación en documento público se les imputa dos faltas de coacciones y un delito continuado de estafa. 









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