El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado la condena impuesta al Canal de Isabel II que le obligaba a indemnizar a una empleada de la entidad después de que ésta fuese imputada en el ‘caso Lezo’. De esta manera, los magistrados estiman el recurso interpuesto por la empresa pública frente a la sentencia dictaminada por el Juzgado de lo Social número 35 de la capital, en la cual se estipulaba el pago de 84.000 euros a la exdirectora de negocios del Canal, María Fernanda Richmond.
Richmond se encuentra investigada por hasta seis delitos -organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos-, llegando a ingresar en prisión tres meses. El Canal de Isabel II tramitó su despido, decisión que fue recurrida ante los tribunales por la imputada. Del proceso, el juez interpretó que existió un despido disciplinario encubierto que no se justificó, señalando que se debía haber avisado a la responsable del puesto con una antelación de tres meses y el abono de una indemnización.
Ahora es el TSJM el órgano que exonera al ente público de afrontar el pago de los cerca de 84.000 euros acordados por el Juzgado de lo Social de Madrid. Los magistrados entienden que el despido de la entonces directora de negocios fue procedente en tanto en cuanto el Canal “no pudo tener un conocimiento fundado de los hechos hasta que no separó a la actora de sus funciones y concluyó la investigación externa».
