La unidad de la Guardia Civil y el juez, Eloy Velasco, interpretan que dichas adjudicaciones pueden estar relacionadas con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales de la formación.
La ahora líder de los populares formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, los contratos de restauración en los años 2009 y 2011. Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press observa nexos entre el «favorecimiento» a la mencionada entidad y dos aportaciones económicas a Fundescam, realízándose las mismas en fechas próximas a las elecciones autonómicas de 2007.
La cuantía de éstas ascenderían a un total de 160.000 euros, una por valor de 60.000 euros a través de Cantoblanco y el montante que resta por medio de la CEIM, siendo vicepresidente entonces el mismo Fernández. «Puede establecerse por tanto un posible nexo causal entre la materialización de las aportaciones económicas detectadas y la consecución de repetidas adjudicaciones en donde se revelarían prácticas arbitrarias en favor de la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L.», concluye.
La UCO sitúa a Cifuentes en el momento en el que se produjeron las adjudicaciones de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea. Debido a que formaba parte del comité de expertos, la presidenta de la Comunidad de Madrid habría tenido conocimiento de los «actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles en cuanto al resultado presumible de su realización».
