(EFE). «Siempre ha habido algún tribunal que, por el número de suspensos, no ha cubierto todas las plazas que se ofertaban, pero eran la excepción. Este número masivo de suspensos en la primera fase no se había dado ni en Madrid ni en otras comunidades», ha dicho a Efe la secretaria de Enseñanza de UGT de Madrid, Teresa Jusdado.
También pide a la Consejería de Educación que dé instrucciones a los tribunales para permitir a los aspirantes que han reclamado la nota conocer en qué han fallado, «que el tribunal les explique las razones de una nota tan baja», añade Jusdado sobre las calificaciones de los exámenes de la primera fase que se celebró el 23 de junio.
Entre los exámenes con más suspensos cita los de la especialidad de Lengua y Literatura, con 280 plazas y que solo han aprobado la mitad; así como el de Matemáticas o los de FP, entre ellos la especialidad de Formación y Orientación Laboral (FOL) en que algún tribunal solo aprobó a dos aspirantes de setenta.
La secretaria también pide «reducir la ratio de opositores por tribunal, que no sean más de 50, mientras que algunos tenían hasta setenta», explica. Además, UGT considera que los tribunales han tenido «un plazo muy escaso para realizar las funciones que tenían encomendadas, incluso compatibilizándolas con el fin de curso y las pruebas extraordinarias trasladas de septiembre a junio», señala en un comunicado.
Critica, asimismo, que los criterios de evaluación de las pruebas se hicieron públicos «tres días antes de la primera prueba», y que en algunas especialidades el caso práctico suponía un setenta por ciento de la nota. También censura que los opositores solo hayan tenido «un día para solicitar la revisión del examen sin haber conseguido la revisión presencial y que les expliquen los motivos de las puntuaciones obtenidas», con notas en muchos casos inferiores a 1 punto.
UGT solicita un cambio de modelo en las oposiciones a docentes, que se empezó a negociar con el Ministerio de Educación el pasado invierno pero que finalizó sin acuerdo. Para el sindicato, el actual modelo «maltrata a los opositores, no evalúa su capacidad pedagógica e incluso puede que conculque sus derechos», por lo que pide al Ministerio «el carácter no eliminatorio de la primera fase» del proceso selectivo.
