El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, imputado en la operación Púnica, ha presentado su dimisión para no ser un "impedimento" en la formación de un gobierno del PP, según le ha comunicado al jefe del Ejecutivo regional en funciones, Ignacio González.
A través de un comunicado de la Consejería de Presidencia, Victoria señala que ante las últimas circunstancias -en alusión a su imputación por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco- ha decidido dimitir para que su permanencia en el cargo "no pudiera ser un impedimento para la configuración de un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid".
Salvador Victoria reitera su "honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo público" de la Comunidad y niega "cualquier hecho" del que se le acusa y de los que, según dice, ya ha dado las oportunas explicaciones en distintas comparecencias públicas y ruedas de prensa desde el pasado mes de febrero.
LUCÍA FIGAR TAMBIÉN DIMITE
La consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha presentado este jueves su dimisión después de que el pasado martes el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la citara a declarar como imputada por delitos de corrupción en el marco de la Operación Púnica.
Así lo ha comunicado en un encuentro con periodistas convocado de forma extraordinaria, donde ha explicado que no quiere "perjudicar al PP ni a la formación de Gobierno a Cristina Cifuentes". "No tengo ningún apego al cargo ni quiero hacer uso de mi aforamiento", ha añadido la hasta ahora consejera.
En el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto ‘conseguidor’ de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento ‘on line’, y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada ‘www.studyinmadrid.es’, donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.
Fuentes del departamento de Lucía Figar explicaban hace dos días que la Consejería está colaborando con el juez desde hace meses, cuando se remitieron "los expedientes completos de los contratos" afectados, de unos 1.900 euros mensuales, "y la acreditación de los servicios prestados, todo debidamente fiscalizado por la Intervención", apuntaban.
