Esta es la principal línea de defensa de Villarejo (presentarse como víctima de una venganza de Sanz Roldán) que planteó por primera vez el 5 de noviembre de 2017, cuando fue puesto a disposición de Carmen Lamela, la juez de la Audiencia Nacional que estaba de guardia tras ser detenido en la operación Tándem y por la que desde entonces se encuentra en prisión preventiva. En esa declaración, a cuyo audio ha tenido ahora acceso EFE tras haber estado preservado por el secreto de sumario, Villarejo respondió a las preguntas de los fiscales del caso para negarles haberse enriquecido con sus empresas aprovechando su condición de policía, llegando a definirse como una persona «poco apegada al dinero».
«Jamás he utilizado la Policía para enriquecerme, jamás». «No hay un caso que me hayan encargado policialmente y yo enriquecerme con esa información, jamás», sostuvo Villarejo, al que se le incautaron 90.000 euros en su domicilio y que justificó por su desconfianza en los bancos y porque ya sabía que Sanz Roldán le estaba «vigilando y fiscalizando». Explicó que era una cantidad que guardaba para repartir entre sus cinco hijos.
En 1983, según su relato, dejó la Policía para dedicarse a los negocios y diez años después, «el señor ministro de la época» le indicó que «vendría bien» que volviese a estar en activo y que podía seguir con sus empresas mientras no «colisionaran» con los trabajos que se le encargaran. Los fiscales le preguntaron porqué no constaba que hubiera solicitado autorización de compatibilidad de sus funciones con la gestión de sus empresas privadas. «Si a mi el ministro de Interior me dice: te necesitamos, y distintos ministros de distintos gobiernos me vuelven a solicitar…en ningún momento me preocupo», fue su respuesta.
«Mi eficacia estaba en que nadie sabía que estaba en activo. El 99 por ciento de los compañeros pensaban que estaba fuera de la Policía», señaló Villarejo, que reiteradamente culpó al CNI de darlo a conocer filtrándolo a la prensa «para fastidiarme una serie de operaciones». Los únicos que conocían de su actividad policial eran «el ministro, el secretario de Estado y el director». Desde ese momento, según su versión, Cenyt, su empresa de asesoría desde la que realizó trabajos de espionaje, se dedicó a dar a la Policía «coberturas y apoyos», «constituyendo sociedades para pedir datos y no ser detectados».
Puso como ejemplo la investigación a los Pujol en la que se utilizó, según él, ese método «para auxiliar a los testigos que luego, afortunadamente, declararon ante la Policía» y citó al empresario Javier de la Rosa y a Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. En ese marco justificó también sus sociedades y cuentas bancarias en Uruguay, que, según dijo, fueron creadas a petición del comisario ya fallecido Manuel Ballesteros como infiltración en negocios de ETA, para suministrar bebidas y alimentos «a bares que tenían».
Todo ello, aseguró, «sin ningún tipo de contraprestación». «¿Cobró usted del Ministerio del Interior?, le preguntó el fiscal. «Jamás cobré nada», contestó rotundo. «La estructura empresarial estaba a disposición del Ministerio del Interior y del CNI cuando lo necesitaban, y eso lo hacía, equivocadamente, ahora lo veo, porque creía que esa era mi obligación», lamentó. Para mantener la reserva no trabajaba en dependencias policiales. «Hasta que no llegó el señor (Ignacio) Cosidó -exdirector general de la Policía- y el nuevo (Director Adjunto Operativo) DAO, yo no despachaba en el DAO».
«A mi se me conoce que estoy en activo cuando salió el informe falso que me vincula con el ‘pequeño Nicolás'». «Esto ocurre por un enfrentamiento personal con el director del CNI y a partir de ahí decide quemarme y no le importa todo el daño que puede suponer, no solo para la seguridad del Estado, sino para determinadas operaciones yihadistas que estaban o están en marcha que se pueden ir al garete». «El director del CNI ha querido destruirme civilmente con esa campaña de prensa como si fuera el más malo del mundo» y con «falsedades» como las del «pequeño Nicolás y la doctora Pinto» ha pretendido «aniquilarme, destruirme y arruinarme a mi y a mi familia».
«Y no entiendo que sea justo solo por no haber estado de acuerdo con él en algunas cosas. No se puede utilizar el poder para destruir a una persona y que esa persona sea ejemplo de todo aquel…», se desahogó el excomisario hasta que Lamela le cortó. «Hable de casos concretos, pero mítines, no», zanjó la magistrada.
