La formación verde interpreta que se han “obviados las competencias sanitarias mortuorias” de las que dispone la Comunidad, por lo que exigen que la administración regional se persone en calidad de interesada en los procedimientos contencioso-administrativos promovidos en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno.
El partido liderado por Santiago Abascal entiende que no se ha tenido en cuenta la postura de la Comunidad de Madrid al respecto, solicitando por tanto la nulidad de las actuaciones al tiempo que requieren la revocación de la Ley de Memoria Histórica al interpretar que ésta es inconstitucional. La campaña de Vox por evitar la exhumación del dictador llevó a comienzos de semana, conocida la resolución del Alto Tribunal, a la presidenta de la formación en Madrid, y portavoz de dichas siglas en la Asamblea, Rocío Monasterio, a arremeter contra Pedro Sánchez por promover un “precedente muy peligroso” con la “profanación” de una tumba.
Para Monasterio, el dictamen constituye un «ejercicio de gran irresponsabilidad» y vulnera el derecho de las familias para elegir el lugar de reposo de sus fallecidos, que a su juicio debe «ser respetado para todos los españoles, da igual que se apellide Franco a que se apellide Sánchez». Por último, desde Vox pretenden que el Consejo de Ministros «se abstenga de promover y proceder a la ejecución de la exhumación y traslado del cadáver embalsamado de Francisco Franco sin la previa autorización sanitaria de la Comunidad de Madrid».
