Confirma que el exceso de aforo -entraron 6.000 personas más del aforo permitido- fue elemento fundamental para la avalancha. Según el fallo judicial, en el momento de mayor afluencia de público estaban cerrados cinco de los ocho vomitorios y la pista central colapsada. Entonces, muchos de los jóvenes que se encontraban en ella, y que sintieron una sensación de agobio, intentaron salir por uno de ellos, que se taponó y empezaron a caer unos sobre otros, formando una montaña de personas, originando 29 heridos, entre ellos las cinco jóvenes.
El rescate de las personas atrapadas fue «descoordinado, lento y poco eficaz» y cuando los heridos más graves llegaron a la Enfermería del recinto se encontraron con una imagen desoladora, sin desfibriladores, y con unos sanitarios poco cualificados. De hecho, el fallo del Supremo tumba la absolución del doctor jefe Simón Viñals, entonces con 77 años, por parte de la Audiencia Provincial, que entendía que otro equipo médico no pudo haber salvado la vida de Cristina Arce, que entró con vida. La sentencia apunta que Viñals “no llevó a cabo las maniobras más elementales de reanimación” y “omitió toda diligencia debida”. Por ello, ha sido condenado a año y medio de cárcel, a la que no entrará al carecer antecedentes. Eso sí, ha sido inhabilitado y tendrá que pagar a la familia de la joven 340.000 euros.
Tampoco conocerán las celdas el hijo médico de Viñals, Carlos, ni el exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo porque “no hubo conducta imprudente alguna que tuviera influencia en el lamentable”. Y eso que el operativo policial fue “precario” y no impidió el botellón junto al pabellón.
Los que sí entrarán en prisión serán Francisco del Amo, responsable de la ya extinta empresa pública municipal Madridec, encargada del recinto; y Francisco Rojo, director general de Diviertt, la organizadora del evento. Han sido condenados a tres años de cárcel, seis meses más que los que le han caído a Miguel Ángel Morcillo (jefe de personal de Diviertt) y a Carlos Manzanares, uno de los propietarios de Kontrol 34, encargada de la seguridad interior del pabellón. El resto de acusados -hasta 15 en total- fueron exculpados de su responsabilidad penal.
En conclusión, tras cinco años y medio de diligencias, la Justicia ha hablado alto y claro, certificando como ciertos la mayoría de los factores que desencadenaron la tragedia: sobreaforo, organización irregular del espacio, rescate y atención médica ineficaz. Una sentencia ejemplarizante pero con penas menores de las esperadas por las familias de las víctimas. Ahora, Miguel Ángel Flores medita si recurrir al Constitucional mientras prepara las maletas para dormir pronto entre rejas.
