La detención del presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, acusado de cinco secuestros y violaciones y tres intentos de menores en un año, alegró hace unos días las calles de la capital. Se notaba en las calles: muchos padres respiraban. Ya podían salir con sus hijos con más confianza a parques y recreos. Ese arresto se había convertido en una cuestión de prioridad nacional y su logro, la satisfacción más importante.
Pero meses de preguntas difícilmente iban a terminar con una rueda de prensa del ministro del Interior para apuntarse el tanto y dos noticias en la sección de sucesos. Entonces, la maquinaria mediática, el conocido como cuarto poder, se puso en marcha para ofrecer a los ciudadanos los detalles de esta importante operación policial. Porque esa es su función y no sólo, como siguen pensando muchos políticos y gabinetes, reproducir las palabras de los que mandan.
La ingente cantidad de información sobre el detenido, su vida, sus hechos y su ‘modus operandi’, a veces tratados con acierto y a veces sin él, pronto incomodó a la juez del caso, María Antonia de Torres. De hecho, indignada, llegó a paralizar el registro realizado a la ‘guarida’ del malhechor porque los periódicos estaban contando ‘ipso facto’ lo que ocurría en la casa.
Un exceso de celo que no sólo le he llevado a declarar la causa secreto del sumario, sino también a negar cualquier información sobre sus actuaciones y resoluciones –que son públicas, es decir, regidas por el principio de publicidad– e incluso a amenazar con expulsar del edificio de los Juzgados de Plaza de Castilla a los periodistas que seguían las recientes ruedas de reconocimiento.
Muchos jueces y gobernantes han salido en apoyo de la magistrada del Juzgado número 10 de Madrid y han apuntado a la Policía como la fuente de dichas filtraciones de información. Sin embargo, se equivocan. La prensa hace su trabajo y consigue la información de fuentes y contactos muy diversos. Díficil poner puertas al campo de la información en esta época nuestra de las nuevas tecnologías y las redes sociales, ni incluso dentro de un Poder Judicial con magníficos profesionales sin apenas medios y anquilosado en un derecho procesal decimonónico y en una burocracia poco transparente. Más que difícil, imposible.
Pero los jueces y fiscales han presionado a los políticos del Poder ejecutivo y legislativo y éstos a su vez a la Policía que, de la noche a la mañana, ha pasado de ser felicitada a estar ‘en el punto de mira’ de supuestas filtraciones. Consecuencia: hermetismo informativo, temor y desconfianza de los agentes hacia la prensa.
En conclusión, a día de hoy todo suma de enfados y recelos de unos poderes contra otros que sólo puede favorecer a los ‘malos’ y perjudicar a las víctimas. Trabajemos que las aguas vuelvan a su cauce y que cada uno deje hacer a cada cual su trabajo. Ganaremos todos, especialmente los ‘buenos’.
